Tres décadas de tomas en Viedma: la lucha por la tierra que nunca dejó de repetirse

En los últimos 30 años, Viedma fue testigo de una problemática social persistente que atravesó a distintas generaciones: la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. En ese contexto, las tomas de terrenos y viviendas se convirtieron en una constante, reflejando las limitaciones de las políticas públicas para dar respuesta a una demanda creciente. 

A lo largo de estas tres décadas, Noticias de la Costa estuvo presente para registrar cada uno de estos episodios.

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Lejos de tratarse de hechos aislados, las ocupaciones de tierras se repitieron en distintos momentos y bajo diferentes contextos políticos y económicos. En todos los casos, el denominador común fue el mismo: familias que, ante la falta de alternativas, recurrieron a la ocupación como única vía para acceder a un lugar donde vivir.

El fenómeno expuso además una situación intermedia que afectó a amplios sectores de la población. Por un lado, familias con ingresos informales o en condiciones de vulnerabilidad, que solo podían aspirar a programas sociales en un escenario de escasez de tierras disponibles. Por otro, sectores medios que, sin reunir los requisitos para acceder a créditos hipotecarios, tampoco calificaban para planes sociales, quedando en un “limbo” habitacional sin posibilidades concretas de acceso al suelo urbano.

En ese escenario, la existencia de terrenos ociosos —tanto fiscales como privados— contrastó con la creciente demanda habitacional, alimentando conflictos que, en muchos casos, derivaron en ocupaciones masivas.

Las primeras experiencias de este tipo en la Viedma reciente se remontan a comienzos de los años 2000. Una de ellas fue la del barrio Nehuén, surgida en el año 2000 en el sector del barrio Mi Bandera, donde cerca de 270 familias iniciaron un proceso de ocupación que con el tiempo derivó en la consolidación de un barrio popular.

Las tomas 
Con el paso de los años, la experiencia del barrio Nehuén no solo evidenció la magnitud del problema habitacional, sino también la capacidad de organización de los propios vecinos. A través de asambleas y formas comunitarias de representación, las familias impulsaron reclamos por mejores condiciones de vida, en un contexto marcado por la precariedad habitacional, la falta de servicios básicos y situaciones sanitarias complejas.

Ese proceso tuvo continuidad en otras experiencias que marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de la ciudad. En 2008, la toma del barrio 30 de Marzo consolidó una nueva etapa por su masividad y nivel de organización. Un grupo inicial de familias ocupó terrenos municipales en una zona degradada, y con el tiempo logró sostener la permanencia y avanzar en la conformación de un barrio.

Sin embargo, estos procesos no estuvieron exentos de conflictos. La distribución de los terrenos, la intervención del Estado y la incorporación de nuevos adjudicatarios generaron tensiones internas y disputas que expusieron las dificultades de ordenar la demanda habitacional en contextos de urgencia.

Un año después, en 2009, la toma del barrio Santa Clara volvió a poner en escena la problemática, esta vez sobre terrenos en parte privados. La ocupación, protagonizada por familias provenientes de barrios cercanos como Guido e Ina Lauquen, sumó un nuevo elemento de complejidad: la judicialización del conflicto.

Las denuncias por usurpación, los fallos contradictorios y las instancias de mediación entre propietarios, vecinos y el Estado marcaron el desarrollo de un proceso que, como en otros casos, combinó la necesidad urgente de acceso a la tierra con los límites legales vigentes.

En paralelo, ese mismo año, se produjo la ocupación en el denominado Loteo Silva, donde un grupo inicial de familias avanzó sobre terrenos proyectados como espacio verde. A diferencia de otras experiencias, en este caso la resistencia de los ocupantes frente a las acciones judiciales y los intentos de desalojo permitió sostener la toma, evidenciando nuevamente que, detrás de cada ocupación, existían situaciones de extrema necesidad.

En todos estos casos, se repitió un patrón: familias trabajadoras, muchas de ellas con empleos informales o ingresos inestables, quedaban fuera de las posibilidades de acceso al mercado formal de tierras y viviendas. La exigencia de ingresos en blanco o garantías formales para acceder a créditos hipotecarios, sumada a la limitada oferta de programas estatales, configuró un escenario en el que amplios sectores sociales no encontraban alternativas. 

El año 2012 marcó otro momento clave en esta historia. En distintos puntos de la ciudad y la región se registraron ocupaciones casi en simultáneo, lo que volvió a poner en evidencia la dimensión del problema habitacional. En el balneario El Cóndor, varias familias avanzaron sobre terrenos fiscales en una toma que, si bien no logró consolidarse plenamente, dejó en claro que la demanda de tierra también alcanzaba a sectores alejados del casco urbano.

En ese mismo período surgieron experiencias como la del barrio El Progreso, asentado en inmediaciones del barrio Gobernador Castello, sobre terrenos que presentaban serias dificultades, entre ellas su condición inundable. Allí, como en otros casos, la falta de servicios básicos y la ausencia de regularización marcaron la vida cotidiana de sus habitantes, muchos de los cuales aún hoy continúan en esa situación.

También en 2012 se registraron ocupaciones en sectores como Ina Lauquen y en cercanías de la ruta Provincial 1, hoy barrio Unión, varias de las cuales no lograron sostenerse en el tiempo. Sin embargo, el dato relevante fue la reiteración del fenómeno y su expansión territorial, alcanzando a distintos barrios y evidenciando que la problemática ya no respondía a situaciones aisladas.

Con el correr de los años, las tomas continuaron apareciendo, incluso en contextos atravesados por procesos electorales. En 2015 y 2017 se registraron intentos de ocupación en distintos sectores de la ciudad, algunos de los cuales fueron desactivados mediante intervenciones judiciales o policiales. En otros casos, como en el predio del barrio Mi Bandera, los conflictos derivaron en denuncias penales y situaciones de tensión que reflejaron, una vez más, la fragilidad del acceso a la tierra.

En enero de 2019, una nueva ocupación masiva en terrenos cercanos a la ruta 1, en el sector conocido como la toma del “2 de enero”, volvió a poner en agenda el tema. Más de un centenar de familias se instalaron en un predio privado, repitiendo un esquema ya conocido: precariedad habitacional, imposibilidad de acceso al mercado formal y la búsqueda de una solución colectiva.

El posterior intento de desalojo, los reclamos de los vecinos y la intervención de la Justicia no lograron cerrar el conflicto, que con el tiempo derivó en nuevas demandas por regularización y acceso a servicios básicos. Como en otras experiencias, muchas de esas familias manifestaron su intención de pagar por los terrenos, en la medida de sus posibilidades, planteando la necesidad de esquemas más flexibles de acceso a la tierra.

Otra toma de terrenos se hizo efectiva en 2020. Esta vez, la ocupación suma a unas 20 familias con domicilios dispersos, y se ubica en la ladera del terraplén del Ferrocarril, muy cerca de la ruta Provincial 1 y lindante al Parque Industrial. La ocupación se inició entonces y en la actualidad son decenas los ocupantes.

También en la zona sur, a la vera de las rutas Provincial 1 y Nacional 3, se consolidaron desde 2021 tomas como la 9 de Julio, ARA San Juan y Nueva Vida, entre otras.

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En la actualidad, el escenario no presenta cambios sustanciales. En Viedma aún existen asentamientos que esperan por su regularización, mientras que nuevas ocupaciones continúan apareciendo de manera periódica. Los recientes reclamos de vecinos de sectores como la toma del “2 de enero” y el barrio La Unión, vinculados a la necesidad de contar con servicios básicos y seguridad jurídica, reafirman la vigencia de una problemática que atraviesa décadas.

Una usurpación distinta
Uno de los episodios más significativos de los últimos años se produjo en enero de 2016, cuando se concretó la ocupación de las viviendas del barrio 22 de Abril. En ese caso, no se trató de terrenos baldíos, sino de unidades habitacionales ya construidas, con su infraestructura básica finalizada, aunque sin la totalidad de los servicios. En total, fueron ocupadas las 222 viviendas disponibles, en un hecho que tuvo una fuerte repercusión a nivel local.

Con el correr de los meses, la intervención de la Justicia y del Estado municipal permitió recuperar la mayor parte de esas viviendas. Sin embargo, una porción de las unidades continuó ocupada, reflejando nuevamente las dificultades para resolver de manera integral el acceso a la vivienda. Años más tarde, el sector logró consolidarse como barrio, aunque el episodio dejó en evidencia la magnitud de la demanda habitacional existente.

En paralelo a estos conflictos, distintas políticas públicas intentaron dar respuesta a la problemática a través de procesos de regularización. A nivel nacional, la sanción de la Ley de Barrios Populares significó un avance en ese sentido, al declarar de utilidad pública las tierras ocupadas por miles de familias en todo el país y habilitar su expropiación para otorgar seguridad jurídica a sus habitantes.

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La normativa, que también tuvo impacto en Viedma, contempla además la suspensión de desalojos por un período determinado y promueve la urbanización de los asentamientos mediante la provisión de servicios básicos como agua, electricidad, gas y saneamiento.

En ese marco, varios barrios de la capital rionegrina quedaron alcanzados por estos procesos, aunque en muchos casos la regularización avanza de manera gradual y aún persisten demandas vinculadas al acceso pleno a los servicios y a la titularidad de la tierra.