Casamiento polémico en Salta: la Justicia investiga una boda realizada en un área natural protegida
En el pintoresco entorno de la Quebrada de las Conchas, una de las joyas naturales de Cafayate, Salta, se llevó a cabo una celebración matrimonial que ha desatado una intensa polémica legal y medioambiental. Rodeada de majestuosas formaciones geológicas, esta área protegida se vio alterada por un evento cuya legalidad ahora está en entredicho por las autoridades judiciales de la provincia.
El incidente salió a la luz cuando viralizaron en redes sociales fotografías de la boda entre Nicole Pocoví y Federico Maran, llevada a cabo el 23 de marzo en terrenos adyacentes a la ruta provincial 68, en un paraje conocido como La Punilla. En las fotos se observa infraestructura, iluminación artificial y sonidos montados entre las formaciones rocosas. Desde el Gobierno provincial, el ministro de Turismo y Ambiente, Alejandro Aldazábal, negó haber autorizado el evento y aseguró que su firma fue utilizada sin validez legal.
La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, fue quien dio curso a la acción judicial al identificar que los documentos supuestamente autorizando el evento contenían una firma falsa que decía pertenecer a la cartera provincial de Turismo y Ambiente. Esta revelación no sólo ha levantado sospechas sobre una falsificación de instrumento público, sino también sobre posibles irregularidades cometidas para asegurar la celebración en un lugar sujeto a severas regulaciones ambientales.
Encargada de llevar adelante la investigación, la fiscal Sandra Rojas ha recibido instrucciones de esclarecer los hechos relacionados no solo con la alegada falsificación, sino también con cualquier infracción a las leyes provinciales que protegen la Quebrada de las Conchas. Esta región, bajo la Ley Provincial 6806, está sujeta a restricciones riguriosas, prohibiendo las actividades privadas sin la debida autorización del los organismos reguladores, los cuales requieren documentación con sellos y firmas legales válidas.
Los organizadores del casamiento sostuvieron que la celebración se realizó dentro de una propiedad privada ubicada en la reserva.
Una de las responsables del evento afirmó que se respetaron las leyes vigentes y que participaron más de un centenar de invitados, un punto que ahora también forma parte del análisis judicial.