Inyecciones de hierro adulteradas: seis responsables irán a prisión

Un gravísimo daño a la salud pública logró ser reparado por la justicia de este país al condenar con prisión a apenas seis responsables de más de una decena de involucrados en la adulteración de inyecciones de hierro, usualmente para reforzar las defensas de las embarazadas, en la causa conocida como Yectafer. Afectó en total a 33 personas en todo el país, de las cuales cuatro murieron; entre ellas, la viedmense Verónica Díaz en 2004.

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini; resolvió ayer enviar a la cárcel por ocho años a Pablo Jorge Cernadas, el entonces director de Compras de Química Belgrano (Quimbel) de Buenos Aires, en orden al delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, en concurso ideal con los de homicidio culposo múltiple y lesiones culposas, agravadas por la cantidad de víctimas con lesiones graves, en calidad de coautor.

Un total de siete años de prisión –dentro del mismo caso- se le otorgó a Daniel Leonardo Rabinovich, uno de los dueños de la mencionada firma comercial que vendió los productos a la droguería Gavazza de Bahía Blanca que los comercializó en Río Negro. El bahiense Santiago Gavazza, sin que el tribunal diera explicaciones quedó absuelto.

Miguel Cervera, uno de los propietarios  de Ampopck y Ampovit, que  proveyeron las ampollas y las cajas para el medicamento adulterado) ligó cinco años de prisión, Adrián Jorge Quintela (aportó facturas truchas) Víctor Julián Scattolini (aportó facturas truchas) y Alberto Mario Akawie (cobró cheques en la maniobra): cuatro años. Estos tres últimos quedaron pegados a la causa, exclusivamente por asociación ilícita, dentro de la red de comercialización en todo el país.

En forma paralela, fueron absueltos  Roberto Enrique Gegenschatz, el otro dueño de Quimbel; Sandra Vitale también propietaria de Ampopck y Ampovit, y Diego Manzotti, el chofer de Quimbel a quien se lo señalaba como partícipe secundario en los delitos de adulteración y tráfico de medicamentos.

La causa tuvo a otros cinco imputados que no llegaron a esta instancia del juicio porque fallecieron a lo largo de la extensa investigación. Entre ellos estaban quienes, para la fiscalía, montaron el laboratorio clandestino donde se elaboró el Yectafer adulterado, Ángel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana, quienes estaban imputados como jefe y organizador, respectivamente, de la asociación ilícita.

Los hechos

El escándalo salió a la luz a fines de 2004 tomando en cuenta que el 23 de diciembre de ese año, luego de cinco días de agonía, la joven Verónica Díaz de Viedma, por entonces de 22 años falleció en el Hospital Eva Perón de San Martín, provincia de Buenos Aires, derivada por el Hospital Zatti. Había recibido una inyección de hierro adulterada cuyo nombre comercial era Yectafer, en un centro de salud perteneciente al nosocomio de esta capital. El medicamento, comprado a Gavazza, había sido recetado luego de detectársele una anemia.

El 16 de diciembre de 2004 resultó afectada María Salaya también de Viedma, mientras que el 14 de mayo de 2005 ocurrió lo mismo con Ángela Peralta en el hospital de Cinco Saltos. Ambas embarazadas, por suerte pudieron sobrevivir.

El caso comenzó a ser investigado en Viedma por la Justicia rionegrina hasta que en 2006 pasó a la órbita federal. El entonces juez federal Norberto Oyarbide en 2012 procesó a 15 personas por ser parte de "una banda responsable de la fabricación, distribución y comercialización del Yectafer adulterado". Les imputó "asociación ilícita, envenenar, adulterar y falsificar de un modo peligroso para la salud medicinas, por poner en venta, distribuir con fines de comercialización -agravado por la muerte de cinco personas y lesiones en otras 33”. Y los responsabilizó de “adulteración y falsificación de documentos y vender una marca registrada falsificada, imitada".

En base a la prueba el magistrado concluyó que el laboratorio clandestino donde elaboraban el Yectafer adulterado funcionaba en el domicilio de Cirullo, quien compraba los insumos y armaba los medicamentos. Estableció que los distribuían y comercializaban a través de Maidana, y el resto cumplía funciones en la cadena.

Luego de algunos desajustes, el proceso judicial se reactivó con el juicio oral que comenzó en noviembre de 2023 cuando el titular de la Fiscalía General N°7 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, el fiscal general Miguel Ángel Osorio, solicitó penas de entre siete y hasta 16 años de prisión para nueve de los acusados que están siendo juzgados por la fabricación y comercialización ilegal de un medicamento adulterado a base de hierro que entre 2003 y 2004 ocasionó la muerte de al menos cuatro personas y produjo daños en la salud de otras 29 víctimas. La fiscalía también solicitó una absolución y embargos por 1.140 millones de pesos para los imputados, para asegurar la reparación del daño a las víctimas.

En su alegato, Osorio dio por acreditado que los acusados integraban una organización criminal que confeccionó ilegalmente el fármaco “Yectafer - hierro 5%” con sus propiedades adulteradas y luego lo volcó al mercado legal para su comercialización a través de una droguería. En ese marco, la fiscalía precisó que en el juicio se probó la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006, en el cual se disimularon las propiedades nocivas a través de la falsificación e imitación del producto original, cuya elaboración autorizada corresponde al laboratorio Astrazeneca.

Según la imputación de la fiscalía, los peritajes efectuados determinaron que el Yectafer adulterado que no había sido fabricado por el laboratorio autorizado contenía tres veces más de citrato de hierro que lo indicado en el envase como así también el PH y la densidad de la sustancia tampoco coincidían con la de la medicina inyectable original.

Si bien al término de la instrucción el fallecido fiscal federal Federico Delgado había requerido el juicio por la muerte de cinco personas y daños en 33 víctimas, Osorio finalmente acusó por cuatro muertes -Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26), Paulina Álvarez (35) y Osbel Roly Lombardi (80)- y daños en 29 personas. “Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”, dijo el fiscal sobre las víctimas fatales. El representante del Ministerio Público Fiscal recordó que Giménez “llevaba 22 semanas embarazada”, que fue sometida a una “cesárea de urgencia el 21 de noviembre de 2004” y que “su bebé nació sin vida”.

Osorio llegó a pedir condenas de esta 16 años. Foto gentileza: Fiscales.gob