Usurpan una vivienda oficial: qué dispuso la justicia
Durante 2013, el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) había cedido en comodato una vivienda oficial, ubicada en el área rural de la colonia agrícola, a una mujer. La precaria cesión se extendió hasta 2015. Pasó ese período, se vencieron los plazos y nunca restituyó el inmueble.
Al parecer, la administración pública tiene sus tiempos porque en 2017 se le envió una carta documento para que lo restituya en 30 días bajo apercibimiento de desalojo por vía judicial, la ocupante hizo caso omiso, pero las autoridades decidieron denunciar el caso recién el 30 de abril de 2025 ante la Unidad Jurisdiccional en lo Contencioso Administrativo Nº 13, a cargo del juez Julián Fernández Eguía.
La intención de las autoridades del Idevi es recuperar el inmueble para alojar personal que atiende el servicio de riego, sin embargo no fue fácil encarar la situación tendiente a recuperar el inmueble. En agosto del año pasado, se logró ubicar a la mujer beneficiaria del préstamo que vive en el barrio San Martín de Viedma, y que ya no lo estaba ocupando.
Cuando los notificadores oficiales se dirigieron al predio el 9 de octubre pasado, constataron que estaba ocupado por una sobrina de ésta, con seis hijos y su marido con discapacidad y una enfermedad terminal. En ese momento, la joven reconoció que su tía se lo había prestado.
Ingresando en el análisis de la cuestión, más allá de que la ocupante resistió el pedido de dejar el inmueble, el juzgado actuante concluyó en que “se encuentran acreditados los presupuestos” de la Ley Nº 2.629 que rige para el trámite de desocupación de inmuebles de propiedad del Estado Provincial o de los municipios o comunas, cuya tenencia o posesión otorgada a particulares de acuerdo a los requisitos legales o reglamentarios pertinentes, hubiese sido resuelta por decisión fundada de la autoridad administrativa competente.
En consecuencia, el viernes pasado el tribunal emitió un fallo haciendo lugar a la acción de desalojo solicitada por la Provincia de Río Negro (Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro -Idevi-) y ordenó a quienes se encuentren en el lugar a dejar las instalaciones en un plazo de 20 días.