Trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron penalmente a Milei

En medio de un clima de tensiones y reclamos, los trabajadores del Hospital Garrahan han tomado una drástica decisión: denunciar penalmente al presidente Javier Milei. La causa de esta acción legal es la presunta inacción del Gobierno respecto a la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica. Además de la denuncia, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital, conocida como APyT, ha presentado un recurso de amparo para urgir la implementación de esta ley.

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La Ley de Emergencia Pediátrica, después de un extenso debate, fue aprobada por el Congreso y reglamentada por el gobierno. Sin embargo, su efectiva aplicación ha encontrado obstáculos insospechados. La principal razón detrás de esta paralización es la incertidumbre sobre los recursos necesarios para financiar dicha ley. A pesar de que el ejecutivo anunció una inversión de 30 mil millones de pesos destinada al Hospital Garrahan a principios de mes, esta cifra parece insuficiente frente a los desafíos que presenta la ley.

Norma Lezana, quien ocupa el cargo de secretaria general de la APyT y se desempeña en el hospital, cuestionó abiertamente la legalidad y ética de la decisión del Ejecutivo de posponer la aplicación. 'Es inadmisible que se ignore una ley votada por una amplia mayoría', enfatizó Lezana, señalando que la suspensión obedece más a una decisión política que a una verdadera falta de recursos. En sus declaraciones, no dejó de mencionar alternativas financieras como la implementación de impuestos a las grandes fortunas o la revisión de exenciones fiscales a sectores privilegiados.

Lo que ha generado mayor revuelo en el conflicto es un decreto recientemente emitido que frena temporalmente la aplicación de la ley. Lezana cuestiona la medida señalando que las excusas de incapacidad presupuestaria no son más que pantallas para ocultar decisiones cuestionables desde el punto de vista democrático. "En un Estado de derecho no se pueden permitir estas maniobras de simulación", añadió enfáticamente en su comunicado.

Además del presidente Milei, hay otras figuras en el ojo de la tormenta. La denuncia por incumplimiento en los deberes de funcionario público también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y al ministro de Economía, Luis Caputo. La Asociación ha dejado claro que este es solo el primer paso en una batalla que se prevé larga.

Entre sus planes está promover un juicio político en el Congreso contra los mencionados funcionarios, ilustrando así la seriedad con la que toman la situación en el sitio Infogramiales.