Crimen de un menor en barrio Mi Bandera: cuál fue el pedido de la defensa que rechazó el Ministerio Público Fiscal
Este mediodía continuó la audiencia de control de acusación, otra maratónica sesión, en el caso que tiene a Isaías Barrera en tribunales, acusado como autor responsable del crimen de un menor de 16 años ocurrido el 9 de mayo de 2024 en el barrio Mi Bandera de Viedma.
El hombre, de profesión albañil, está imputado desde agosto pasado por el hecho, cuya calificación legal es "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Ocurrií ese jueves a las 20 en la intersección de las calles 22 y 23.
Inicialmente, trascendió que el agresor salió en defensa de su madre, víctima de un robo del menor, y en ese sentido el abogado defensor Damián Torres consideró que el asesinato se produjo tras un presunto enfrentamiento armado, donde el chico habría intentado sacar un arma.
El disparo salió de un revólver calibre 32, y un amigo del menor habría recogido el arma caída del abatido. Luego de ello, hubo una persecución con balacera contra el imputado y otro allegado, quienes se escondieron detrás de un vehículo para evitar ser impactados por los proyectiles, de acuerdo a las primeras averiguaciones de la Justicia.
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En primera instancia dentro de los preparativos para el futuro juicio por un tribunal técnico aún sin fecha, hoy se narraron dos convenciones probatorias donde las partes intentaron acercarse, pero persisten las diferencias en esta etapa preparatoria con la actuación de Paula De Luque como fiscal, Juan Pedro Peralta como fiscal jefe, en tanto que la querella es ejercida por Diego Sacchetti y la defensa de Barrera la lleva a cabo Damián Torres.
Hay dos teorías de casos totalmente opuestas. Por un lado, para la Fiscalía, Barrera abatió a Nahuelcheo que estaba en un estado de indefensión. Por el otro, la defensa del constructor indica que disparó antes de que el menor lo hiciera con su arma calibre 22, y existía un riesgo de muerte por los antecedentes de este joven (ya contaba con un homicidio encima en Choele Choel, donde fue inimputable).
Las controversias del caso
La jueza de Juicio que viene llevando el caso, Daniela Zágari, intentó en esta instancia tratar un acercamiento entre las partes en cuanto a dos convenciones probatorias, pero en el intercambio de posturas no se llegó a un resultado positivo, y siguieron estando en dos extremos.
El abogado Damián Torres propuso que se tenga por acreditado que el menor abatido fue imputado por varios hechos en legajos tramitados en Viedma, tales como robo, hurto y abuso de arma. Por este motivo, se le colocó una pulsera electrónica sin restricción de circulación, que luego es clave para informar sus últimos movimientos previos a su muerte. De acuerdo a la teoría del caso de la defensa de Barrera, es un elemento sustancial para comprender el comportamiento del obrero, que habría disparado por temor a su vida, según consignó.
Sin embargo, la Fiscalía se opone a sumar estos antecedentes, porque son de legajos de entre septiembre y noviembre de 2023, varios meses antes de mayo de 2024 (cuando ocurrió la tragedia), y que no tendrían vinculación directa con Barrera ni con su familia.
La segunda proposición de la defensa fue que se incorpore a la causa que el menor asesinado fue imputado por un crimen ocurrido en septiembre de 2022, en la localidad de Choele Choel. Se trata del homicidio de Lucas Valentini, en el cual Luis Marinao recibió una condena de 13 años y medio y su par, el menor, fue sobreseído por su condición de tener menos de 18 años. A partir de allí, se dispuso que estuviera bajo vinculación de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
El fiscal jefe Peralta dijo: "Todas estas investigaciones y causas no tienen nada que ver con lo que se investiga. Son hechos cometidos meses o incluso años antes de este hecho investigado y no tienen relación con la víctima ni su familia".
A su turno, Sacchetti amplió: "El eje de la investigación se debe centrar en el hecho y no en los antecedentes de la víctima", mientras que Torres mencionó: "No queremos estigmatizar a la víctima, queremos llevar a juicio el origen de por qué la pulsera y por qué la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf)".
Zágari indicó que "las convenciones probatorias son de común de acuerdo, procuro que se acerquen las posiciones", pero a la vista quedó claro que las proposiciones no se acercaron entre las partes.
En el tramo final de la fecha, las partes relataron cada uno de los testigos llamados a declarar, que son más de 30. Entre lo más destacado, aparecen la mamá del menor fallecido, el amigo al que se le murió en brazos y se plasmará una Cámara Gesell, dos jóvenes que presuntamente también fueron amenazados por Barrera a mano armada, las madres de estas dos nuevas víctimas y el sargento que fue el primero de la fuerza en llegar hasta el lugar.