Controversia entre la Fiscalía y los abogados de la causa Techo Digno: el pedido ante audiencias que se superpusieron
Avanza la causa por defraudación al Estado vinculada a Techo Digno, que tiene a Claudia Mariela Albariño; Guillermo Luis Gazia; Nelson Rubén Iribarren; Miguel Ángel Mesa; Ernesto Héctor Noel; Mauro Tamburrini y Renzo Tamburrini como imputados.
Este viernes 3 se llevó adelante una nueva instancia, la de un pedido de prórroga del plazo de investigación. Participó el juez Juan Martín Brussino Kain y los fiscales Yanina Estela Passarelli y Juan Pedro Peralta.
Los imputados, que se presentaron vía Zoom, están acusado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario. En representación de ellos estuvieron en el Auditórium, los abogados Pedro Javier Vega (oficial); Juan Carlos Chirinos (particular); Guerino Ángel Curzi (particular); Jorge Mariano Gestoso (particular); Daniel Fernando Mayor (particular).
Durante la audiencia se generó un debate entre ambas partes, ya que los letrados adujeron que en esta fecha se debía realizar el control de acusación, que se cambió por el pedido de prórroga.
Peralta tomó la palabra, y explicó: "Teníamos un planteo que tiene que ver con la posibilidad de que usted este presente, resolviendo el planteo de prórroga, porque originalmente pedimos la audiencia de control de acusación. Se fijó una audiencia que estaba fijada para este día y a esta hora con la doctora Daniela Zágari como jueza de juicio, y a raíz de presentación que hizo el doctor Gestoso y al que dirieron los otros defensores, se recondujo la audiencia".
A propósito de eso, Gestoso indicó: "El día 30 de junio de este año se nos concede la prórroga por 4 meses. A partir de allí procedimos a buscar y contratar un ingeniero para realizar pericias que son fundamental, al menos con mis tres representados. Estamos trabajando en eso, y hace cosa de dos semanas, no estando yo en la ciudad, tomo conocimiento de la audiencia de control de acusación...entiendo el rol del Ministerio Público Fiscal, pero no vengo a pedir una nueva prórroga, vengo a pedir que se respete la existente. al menos, sino es hasta el 30 de octubre, que sea hasta el 24 de octubre inclusive".
El resto de sus colegas se sumaron, desde la Fiscalía no se opusieron al medido para que cada uno tengo su plazo para ofrecer plazo, pero subrayaron que sea frente a un juez de control de acusación. "Entendemos que el orden que debe darse a esto es que aquí se debe sentar un juez con funciones de juicio y en el marco de eso extender el plazo para ofrecer prueba", marcó Peralta.
Finalmente, la solicitud fue de extirar hasta el 31 de octubre, y correr el plazo 5 días más desde esa fecha para el ofrecimiento de pruebas.
Qué es la causa Techo Digno
El pleito judicial arrancó con una denuncia de la funcionaria Mónica Marchisella en abril de 2017, quien fue instructora sumariante del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, cuando estaba bajo el tutelaje de Rogelio Frigerio.
La presentación de la funcionaria se realizó ante el Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en función de un informe de mayo de 2016, del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), donde se constataron supuestas irregularidades en los avances de las obras en esta provincia. La mecausa comprende a doce municipios: Bariloche, Cipolletti, San Antonio, Conesa, Cervantes, Godoy, Choele Choel, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Sierra Grande.
En lo que refiere a la zona atlántica, se reformularon cargos al ex intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini (PJ) (representado por el abogado Fernando Mayor), al ex secretario de Gobierno Mauro Tamburrini (con el abogado César Vega), al ex secretario de Obras y Servicios Públicos Ernesto Noel (con el letrado Ángel Curzi), al ex jefe comunal Nelson Iribarren (Cambiemos), a la ex secretaria de Gobierno Claudia Albariño y al ex titular de Obras Miguel Mesa (representados por el abogado Mariano Gestoso).
La fiscal Yanina Estela relató que hubo una licitación de 40 viviendas en la localidad atlántica el 11 de diciembre de 2014, donde se obligó a ejecutar la obra en el plazo de 12 meses. Entre el 23 de abril de 2015 y el 18 de noviembre del mismo año, la Municipalidad de Sierra Grande, a cargo de Renzo Tamburrini, recibió la suma de más de 16 millones 600 mil pesos, que debieron ser destinados exclusivamente a las obras.
Mauro Tamburrini, en su carácter de jefe de Gobierno, ordenó el pago de más de 12 millones 800 mil pesos a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S.A., equivalente a un avance de obra de un 71,03 por ciento, "falsamente certificado del monto total del contrato".
A su vez, la funcionaria judicial remarcó que "Renzo y Mauro Tamburrini suscribieron una resolución reconociendo y autorizando el pago a Construcciones Normalizadas" por el mencionado porcentaje. Pero una auditoria del ingeniero técnico y perito Eric Badén, con mediciones del IPPV, verificó que el avance real de la obra fue de un 42,21 por ciento.