DESREGULACIÓN
El Gobierno derogó más de 70 normas de control a comercios y supermercados
El gobierno del presidente Javier Milei ha dado un paso importante en su política de desregulación con la eliminación de 71 normativas que impactaban directamente en la actividad comercial de Argentina. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 357/2025, firmada por el Secretario de Industria y Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, y publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Este plan forma parte de una serie de reformas estructurales que buscan dinamizar la economía al simplificar el marco normativo vigente. Entre las normativas derogadas se encuentran programas emblemáticos que durante años mantuvieron una presencia significativa en el comercio minorista. Destacan, por ejemplo, la Ley de Góndolas, que buscaba mejorar la competencia y la diversidad en supermercados, así como el programa Precios Justos, el cual intentó mantener una inflación controlada mediante el establecimiento de precios máximos en productos esenciales.
Desde el gobierno han manifestado que estas medidas eran "anacrónicas y restrictivas", y señalan que "interferían con la libertad de mercado y la relación natural entre oferta y demanda". Según señalan desde el Ministerio de Economía, permitirán liberar al comercio de trabas burocráticas que "desalientan la inversión y la expansión comercial".
La derogación incluye también un número importante de resoluciones complementarias a la ahora inexistente Ley de Abastecimiento, normativa que en su momento permitió al Estado fijar precios y márgenes de ganancia en sectores como alimentación, energía y construcción. Sin embargo, las autoridades actuales consideran que estas medidas obstructivas no tienen cabida en una economía moderna orientada bajo los principios de mercado libre que promueve la administración de Milei.
La reacción por parte de los consumidores ha sido mixta, algunos expertos opinan que podría haber implicancias significativas para el bolsillo del consumidor final al ver en riesgo los mecanismos de control de precios abusivos. Otros, en cambio, creen que permitirán una revitalización económica al eliminar barreras innecesarias que afectaban la competitividad y apertura comercial de las empresas locales. Analistas también han puntualizado que la clave radica en desarrollar un entorno competitivo saludable que logre generar baja de precios a través del mercado y no mediante intervención estatal, un proceso que podría llevar un tiempo significativo en acomodarse.