POLÉMICA
Diputados apuntaron contra el Gobierno por suspender la ley de Emergencia en Discapacidad
La suspensión de la ejecución de la ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente promulgada por el gobierno de Javier Milei, ha generado un intenso debate político y legislativo en Argentina. Los legisladores, visiblemente contrariados por esta acción inédita, están estudiando diversas acciones legales y políticas en contra de los miembros del Poder Ejecutivo.
De manera específica, se contempla la posibilidad de iniciar denuncias penales y un pedido de juicio político contra el presidente Milei, así como una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El origen del conflicto radica en lo que varios parlamentarios han llamado una muestra de 'creatividad legislativa' por parte del gobierno. Tras ser vetada y posteriormente ratificada por el Congreso al obtener los dos tercios necesarios, la ley de Emergencia en Discapacidad fue promulgada oficialmente para regir hasta diciembre de 2026.
}No obstante, el Ejecutivo introdujo una suspensión de su implementación, alegando la falta de partidas presupuestarias detalladas para su aplicación, como lo establece el Artículo 5 de la Ley N° 24.629. Sin embargo, esta ley también contaba con un artículo (el 19) que debería haber solucionado el tema del financiamiento, al facultar al jefe de Gabinete a realizar modificaciones presupuestarias pertinentes, sin afectar créditos destinados a fines sociales.
Esta controversia ha captado la atención de diferentes bloques políticos. Esteban Paulón, del bloque de Encuentro Federal, no solo ha denunciado la supuesta ilegalidad de la maniobra, sino que también acudió a los tribunales para ampliar una denuncia por abuso de autoridad. Esta iniciativa se suma a otras demandas previas dirigidas contra los principales colaboradores del presidente, incluyendo al ministro de Salud y a miembros de la Secretaría Legal y Técnica.
Por otro lado, la Coalición Cívica Maldina argumenta que la maniobra del Ejecutivo es un intento de moldear y modificar de facto el proceso de sanción de leyes en un movimiento que consideran nulo y anticonstitucional.
Mientras tanto, en el Congreso, el bloque dirigido por Miguel Ángel Pichetto impulsa una moción de censura contra Guillermo Francos, apuntando al carácter ilegal del Decreto 681/2025 y diversas violaciones de la normativa vigente, como una posible violación de la división de poderes del país.