POR EL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO
Milei será investigado por la demora en la implementación de la emergencia en discapacidad
En una movida judicial reciente, el juez Sebastián Casanello ha decidido avanzar con una investigación formal sobre el Presidente Javier Milei. Este proceso se centra en una acusación de demora en la implementación de la ley de emergencia para el apoyo a personas con discapacidad.
La controversia comenzó cuando el Juzgado Federal Nº 11, por un sorteo realizado, recibió una denuncia que estaba previamente registrada con el número CFP 4003/2025. La denuncia, de notable repercusión, sugiere que el presidente Milei ha incurrido en abuso de autoridad y ha incumplido sus deberes como funcionario público.
Esta poderosa imputación también apunta a otros destacados miembros del gabinete, entre ellos María Ibarzabal Murphy, Secretara Legal y Técnica, y Walter Rubén González, quien lidera el Registro Oficial de la Nación.
Detrás de esta acusación, presentada formalmente por los Diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, se argumenta que el proceso de promulgación de la ley de emergencia no ha sido cumplido conforme a los parámetros establecidos por la Constitución Nacional de Argentina. El Senado habría remitido al Ejecutivo su insistencia en el proyecto de ley el 4 de septiembre, y a pesar de esto, los plazos establecidos para su promulgación ya habrían sido superados, sostienen los denunciantes.
El documento jurídico detalla la obligación ejecutiva de publicar las leyes sancionadas en el Boletín Oficial, como requisito esencial para su vigencia plena. Especialistas legales han observado que frente a una insistencia del Congreso tras un veto, la promulgación de la ley debería haberse realizado automáticamente, acentuando así el foco en el presunto incumplimiento del Poder Ejecutivo.
Asimismo, un punto central de la demanda es el impacto crítico de la demora en la reglamentación efectiva de la norma. Francisco Francos, uno de los involucrados en la denuncia, había declarado públicamente que no había suficiente financiamiento para respaldar la inmediata ejecución de la ley, lo que retrasaría aún más la implementación de medidas urgentes para las personas con discapacidad.
Sin la necesaria partida presupuestaria para la ANDIS “entidad responsable de actualizar los valores en salud y terapias“, las prestaciones del plan Incluir Salud continuarán sin los ajustes inflacionarios requeridos desde diciembre de 2023, declaró.
A pesar de que el caso avanza con cargos concretos de abuso de autoridad e incumplimiento del deber, los diputados no descartan que la investigación pueda incluir, en función de las pruebas, una acusación por abandono de personas, añadiendo una carga aún más grave sobre las presuntas responsabilidades del Ejecutivo.