JUSTICIA
La Justicia ordenó a la Andis restituir las pensiones por discapacidad que fueron suspendidas
En un fallo histórico que resuena en todo el país, el Juzgado Federal 2 de Catamarca ha dado un golpe significativo contra las políticas de austeridad que afectaron a los más vulnerables de la provincia.
El viernes pasado, bajo la firma del juez Guillermo Díaz Martínez, se emitió una orden que exige a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restaurar las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido suspendidas recientemente. Esta decisión judicial, de carácter urgente, exige no solo la restitución de estas pensiones en menos de 24 horas, sino también el pago inmediato de los montos retenidos a los beneficiarios.
La decisión llega en un clima tenso, marcado por la controversia y el malestar general causado por el ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. Específicamente, esta medida cautelar detiene temporalmente las auditorías que estaban siendo realizadas de manera cuestionable, según diversas denuncias, hasta que se aclaren los métodos aplicados para su ejecución.
El fallo afectará exclusivamente a los residentes de Catamarca que reciben estas pensiones cuestionadas. El juez describió las medidas de suspensión como "masivas e indiscriminadas", y destacó que el contexto nacional ha sido reprobado en distintos sectores debido al modo en que se han manejado.
La Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, junto con varios ciudadanos y el Defensor del Pueblo de Catamarca, pusieron en marcha la acción de amparo que resultó en esta decisión judicial. Argumentaron que los cambios normativos recientes, bajo el Decreto 843/2024, imponían requisitos draconianos, violando derechos constitucionales y legales, especialmente en lo referente a la accesibilidad para personas con discapacidad.
En un diálogo con C5N, el juez se explayó sobre las circunstancias que llevaron a este fallo. Explicó que el peligro derivado de posponer una resolución era insostenible, dada la vulnerabilidad del grupo afectado, que no podía esperar eternamente por una respuesta administrativa o judicial clara. Además, detallaron que las auditorías realizadas hasta el momento presentaron múltiples irregularidades, desde notificaciones defectuosas hasta una logística deficiente que planteó un desafío injusto a los beneficiarios.
Finalmente, esta orden pone de relieve una crítica más amplia contra las políticas de Milei en el área de discapacidad, dejando una advertencia que resuena más allá de los límites de Catamarca y pide una revisión profunda y urgente tanto del decreto cuestionado como de su impacto en la población más vulnerable del país.