PERITAJES EN CURSO
Abrirán el teléfono de uno de los involucrados en las coimas del ANDIS
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta una de sus mayores crisis tras la reciente revelación de un presunto sistema de corrupción. En el epicentro del escándalo se encuentra Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia, cuyo teléfono será abierto por la justicia en los próximos días. Esta operación se realizará a instancias de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal.
Los indicios de corrupción se hicieron públicos tras la divulgación de audios comprometedores de Diego Spagnuolo, ex jefe de Garbellini. En uno de esos audios, Spagnuolo menciona la intervención de Garbellini en la administración de los fondos de la agencia de una manera que levanta serias sospechas.
Según los registros, Garbellini habría tenido un papel crítico dentro de un esquema de supuestos retornos, lo que provocó que el gobierno decidiera removerlo de su cargo. Desde entonces, se ha entregado su dispositivo móvil a las autoridades competentes para ser investigado.
El programa "Incluir Salud", una iniciativa diseñada para asistir a beneficiarios de pensiones sin otra cobertura social, se ha visto afectado por este escándalo, generando un impacto social considerable. A medida que los informes de corrupción emergían, la ANDIS recortó importantes prestaciones, dejando a muchos sin la asistencia necesaria y, de manera simultánea, deteniendo los ingresos que profesionales y asistentes estaban percibiendo del programa.
Este corte en la ayuda fundamental ha detonado críticas hacia la administración de la agencia e incrementado la sospecha de que el programa fuera el vehículo de distribución de los fondos en cuestión.
En las grabaciones filtradas, Garbellini es presentado como el individuo clave que, con la intervención de Eduardo 'Lule' Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, fue instalado en serios cargos en la ANDIS con el propósito clandestino de gestionar estos supuestos retornos. Una supuesta manipulación de cargos estratégicos para la circulación indebida de dinero parece haber sido parte del mecanismo denotado por las evidencias recogidas hasta el momento.
Los esfuerzos judiciales avanzan bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Los dueños de la droguería Suizo Argentina, también señalados en las acusaciones, siguen siendo investigados aún cuando su colaboración con la justicia ha sido limitada. En paralelo, el fiscal Picardi ha solicitado a la Oficina Anticorrupción informes precisos sobre las quejas de prestadores provinciales, quienes alegaron haber sido presionados para la entrega de coimas con la promesa de liberar pagos del estado a las diferentes provincias del país.
Las investigaciones continúan mientras los organismos implicados evalúan la magnitud completa de las irregularidades, y persisten en desentrañar una red que podría presentar resonancias en varios niveles de gobierno y el sistema de salud pública del país.