Frenaron a una inquilina por una obra en una vivienda sin autorización de la dueña
La relación entre propietarios e inquilinos puede ser un camino lleno de matices y, a veces, complicaciones. En Viedma, un reciente caso judicial puso de relieve la importancia de las normas que rigen en este tipo de relaciones, a partir de que la dueña de una vivienda pidió intervención judicial frente a modificaciones no autorizadas que su inquilina intentó realizar en el inmueble.
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Por esta restricción de autonomía, la dueña decidió recurrir al titular del Juzgado Civil Nº 3, a cargo de Leandro Oyola, solicitan con carácter urgente e inaudita parte el dictado de una medida cautelar de no innovar sobre el inmueble objeto de locación a fin de impedir la realización de obras, reformas o destrucciones que alteren su estado actual y condiciones de habitabilidad.
Denunció en los tribunales que se enteró, al parecer por terceros, de ruidos compatibles con roturas de mampostería y modificaciones no autorizadas. Puso como ejemplo que la inquilina le envió una carta documento anunciándole modificaciones incluyendo registros fotográficos de daños en paredes, revestimientos, artefactos sanitarios y otros elementos de la vivienda.
“Entiendo que la medida cautelar de prohibición de innovar solicitada (por la dueña) resulta razonable y proporcionada. La locataria ha ejecutado obras y modificaciones no autorizadas que implican riesgo de daño irreparable a la vivienda, lo que justifica la intervención judicial urgente. La limitación impuesta se circunscribe exclusivamente a detener la alteración del inmueble, sin afectar otros derechos de la demandada, garantizando así la protección del derecho de la locadora y la eficacia futura de la sentencia definitiva”, consideró el magistrado al comenzar a evaluar el conflicto.
En consecuencia, Oyola hizo lugar a la medida cautelar de no innovar ordenando a la inquilina que se abstenga de realizar cualquier obra, reforma, modificación o destrucción sobre el inmueble disponiendo en consecuencia por el efecto propio de la medida el inmediato cese de todas las intervenciones actualmente en curso.
En forma paralela, impuso bajo apercibimiento de desobediencia judicial la aplicación de astreintes que se fijan en 50.000 pesos diarios en caso de verificarse que se haya producido incumplimientos.