2025-06-30

La Justicia ordenó el desalojo de una empresa de Viedma por dejar de pagar el alquiler

El local estaba ubicado en boulevard Ituzaingó y tras las intimaciones quedó en estado de abandono.

La Justicia civil de Viedma resolvió hacer lugar a la demanda de desalojo iniciada por la propietaria, contra una empresa de viviendas, tras acreditarse una prolongada falta de pago del alquiler correspondiente a un inmueble ubicado en la intersección de Boulevard Ituzaingó y Artémides Zatti.

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La causa se inició en febrero de este año cuando la locadora, representada por sus apoderados legales, solicitó el desalojo por incumplimiento del contrato de locación. La propietaria, argumentó que la empresa había incurrido en reiterados atrasos desde 2022, y que, a pesar de un acuerdo de prórroga firmado en abril de 2023, el único pago recibido fue en junio de ese año. A partir de entonces, no se registraron nuevos abonos ni regularización de los servicios básicos.

La empresa, por su parte, negó los incumplimientos y sostuvo que no existían notificaciones fehacientes que justificaran la acción de desalojo. También intentó desligarse del proceso alegando “falta de legitimación pasiva”, es decir, que no correspondía que se la incluyera como parte responsable en este juicio. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento por falta de pruebas.

En su resolución, la jueza Julieta Noel Díaz destacó que se encontraba acreditada tanto la relación contractual entre las partes como el incumplimiento por parte de la empresa locataria. También se valoró que el inmueble, en el momento de la entrega provisional en abril de este año, ya se encontraba abandonado, sin ocupantes ni actividad alguna.

Con base en las pruebas presentadas -entre ellas el contrato de locación, su prórroga, comprobantes de intimaciones y la falta de contraprobatoria por parte de la empresa- la jueza consideró procedente la acción de desalojo. No obstante, aclaró que no será necesario emitir una nueva orden de lanzamiento, ya que el bien ya fue restituido a la locadora en abril pasado.

La sentencia impone además las costas del proceso a la empresa demandada, mientras que la regulación de honorarios profesionales se diferirá hasta que existan pautas para su determinación.

Este fallo reafirma la vigencia de los derechos del locador en situaciones de incumplimiento contractual prolongado, destacando la necesidad de que las empresas cumplan con sus obligaciones para evitar conflictos legales de este tipo.

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