Jubilada prestó su casa a un familiar, no se la quiso devolver y ahora ordenaron el desalojo
La Unidad Jurisdiccional Civil N° 1 de Viedma resolvió hacer lugar a una demanda de desalojo interpuesta por la titular registral de una propiedad ubicada en calle Schieroni al 1800, quien había cedido el inmueble de forma precaria a una familiar.
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El caso se inició a comienzos de febrero de 2025, cuando la propietaria –una mujer jubilada que se encuentra residiendo temporalmente en Valcheta por motivos de seguridad personal– promovió una acción judicial para recuperar la vivienda.
La vivienda había sido cedida en calidad de préstamo a una allegada, quien luego extendió su permanencia sin contrato y sin abonar alquiler, ocupando también sectores de la vivienda principal.
En la demanda, la propietaria acreditó su calidad de titular registral en un 100% mediante el informe del Registro de la Propiedad. También afirmó haber atravesado una mediación prejudicial obligatoria, a la cual la ocupante no asistió pese a haber sido debidamente notificada.
El inmueble estaba siendo ocupado por dos personas, quienes alegaron ser herederas en una sucesión aún no concluida. No obstante, el juez consideró que esa afirmación no se acompañó de prueba alguna y que no existe un derecho vigente que les permita continuar en el lugar, configurándose una ocupación precaria.
El fallo sostiene que: “Se han acreditado los extremos invocados por la parte actora (…) y que existe por parte de la demandada la obligación de restituirlo” también aclara que no es la vía adecuada para discutir eventuales derechos sucesorios, los cuales deberán canalizarse por otros medios legales.
La demandada no contestó, por lo que fue declarada en rebeldía. Luego de que el caso fuera tramitado como de puro derecho, el magistrado concluyó que la jubilada demostró su derecho sobre el inmueble y que los ocupantes carecen de un título legal que justifique su permanencia.
La sentencia fue dictada por la juez Julieta Noel Díaz, y establece un plazo de cinco días para la desocupación voluntaria, bajo apercibimiento de utilizar la fuerza pública. Además, impuso las costas del proceso a la parte demandada y diferenció la regulación de honorarios hasta que existan pautas claras para su determinación.
La sentencia, que ya se encuentra firme, ordena la desocupación total del inmueble por parte de todos los ocupantes, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y uso de la fuerza pública si no se cumple en el plazo otorgado.