Embargaron a un banco de Viedma por débitos ilegales a una clienta con discapacidad

El Juez de Paz Pablo Díaz Barcia, de la 1º Circunscripción Judicial con asiento en Viedma, emitió una sentencia en el caso de una mujer con domicilio en esta ciudad contra BHN, Seguros Generales, Banco Hipotecario. La resolución se produce como resultado del incumplimiento de la parte demandada con una sentencia previa dictada el 28 de noviembre de 2024.

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La sentencia establece que se cumplen los requisitos estipulados en los derechos al consumidor por lo que se procede a dictar una sentencia monitoria y se otorga la medida precautoria solicitada por la parte damnificada.

El fallo implica un embargo sobre los saldos acreedores de las entidades demandadas hasta alcanzar un total de 2.777.936,62 pesos en concepto de capital de sentencia, además de una provisión de 500.000 pesos para responder por los costos del juicio.

Adicionalmente, el juez determinó que la parte ejecutada deberá cumplir con la sentencia en un plazo de cinco días o enfrentarse al cumplimiento forzado si no se presenta ninguna oposición. La resolución se hizo efectiva el 28 de mayo a partir de un proceso del abogado denunciante Juan Ignacio Santos.

Este fallo representa una importante victoria para la demandante, quien busca hacer valer sus derechos frente al incumplimiento contractual por parte de las entidades financieras implicadas en el proceso.

Planteo

La clienta denunció ante la Justicia la realización de débitos no autorizados en su caja de ahorro y tarjeta de crédito por concepto de seguros. La damnificada, quien posee una discapacidad motora certificada con Certificado Único de Discapacidad (CUD) se vio obligada a trasladarse a la sucursal del banco para realizar su reclamo, dado de que no pudo hacerlo a través del sistema web.

Según el relato de la clienta, esta situación ya había ocurrido previamente en 2019, momento en el que el banco detuvo los débitos tras su reclamo. Sin embargo, a principios de 2022, los débitos se reanudaron en su cuenta bancaria, y a mediados de 2023, también en su tarjeta de crédito.

La demanda se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), haciendo hincapié en la supuesta indigna atención al cliente y la falta de información debida al consumidor, y el caso busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de las entidades bancarias y de seguros en la protección de los derechos de los consumidores, especialmente aquellos con discapacidad.