VIEDMA
No irá a prisión una joven condenada pero deberá terminar el secundario
El juez de Juicio, Carlos Reussi, presidió hoy una audiencia para cerrar dos hechos delictivos ocurridos en esta ciudad a principios de este año en el marco de un juicio abreviado. Contó con la acusación de la fiscal Mariana Giammona y la defensa oficial ejercida por María Paz Álvarez.
Durante esta jornada fue sentada en el banquillo de la acusación Morena Meyreles de 19 años, a quien la fiscal le endilgó su participación en el hurto de un teléfono celular al anochecer del 25 de enero pasado cuando fue a pedir agua -junto a dos amigas- a un restaurante de la avenida costanera, y aprovechando una distracción del personal sustrajeron un teléfono celular. Las tres fueron detenidas momentos después.
El segundo hecho se produjo a las 14.15 del 23 de marzo pasado en la playa de estacionamiento de un supermercado ubicado frente a la rotonda Pagano cuando la muchacha hizo de "campana" para que Cecilia Fernández -a punta de cuchillo- protagonice el arrebato de una billetera y celular a una mujer.
En este caso ambas fueron detenidas acusada de robo agravado por el uso de arma, y a raíz de este caso, la ejecutora de la maniobra delictiva se encuentra detenida con una condena de cinco años de prisión por sus antecedentes.
Giammona hizo un extenso relato del mal momento que pasó la mujer víctima del violento robo en la playa de estacionamiento, y las secuelas que le dejó el hecho delictivo, aunque admitió que Meyreles tuvo una participación secundaria, y debido a que no cuenta con antecedentes solicitó al magistrado, que mediante un acuerdo con la defensora, tenga prisión en suspenso.
La joven admitió los cargos y estuvo de acuerdo en la condena de dos años de prisión en suspenso. Sin embargo, tendrá que cumplir una serie de severos compromisos que en caso de caer en una actitud irresponsable se le podrían revocar los beneficios yendo a la cárcel.
Tendrá una tobillera electrónica por espacio de seis meses, y luego su comportamiento será sometido a evaluación, pero deberá fijar domicilio, concluir el colegio secundario, no generar actos convulsivos, no tener contacto con las víctimas de ambas situaciones punibles y permanecer a 200 metros de los lugares donde se produjeron los hechos y de dónde trabajan las personas afectadas.