VIEDMA
No usó preservativo y quedó imputado en una causa
El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un hombre de 39 años por el delito de abuso sexual. Lo acusó de haber realizado actos no consentidos por una mujer con la que mantenía relaciones sexuales. Según la acusación, en hecho se produjo en el interior de un domicilio.
Allí el hombre “accedió carnalmente sin protección a la víctima, contra el consentimiento de ésta, quien expresamente había acordado mantener relaciones sexuales con preservativo”, sostuvieron desde el MPF que estuvo representado por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen.
“Minutos después sustrajo el teléfono celular de la mujer y pretendió huir, no logrando su cometido ante el arribo de personal policial”, con lo cual, los hechos enunciados constituyen los delitos de abuso sexual con acceso carnal y hurto en grado de tentativa, se indicó en los tribunales de esta capital. Inicialmente, el acusado estuvo detenido por unas horas hasta la formulación de cargos.
Entre el sustento probatorio para avanzar en la formulación de cargos, la acusación mencionó que cuenta con la denuncia penal de la mujer quien hoy brindó su testimonio en la Fiscalía, el acta de procedimiento de la comisaría primera que intervino ante el llamado de la víctima, el certificado médico policial y los resultados del protocolo de abuso sexual practicado en el hospital local a la mujer.
En la audiencia, la defensa pública -a cargo de Graciela Carriqueo- no manifestó objeciones a la teoría del caso pero adelantó que trabajará en una propia estrategia en función de la versión brindada por el joven. Por otra parte, trascendió que la víctima no sería de Viedma.
En cuanto a la medida cautelar, Rodríguez Frandsen como representante del MPF -asistida por Gonzalo Sanz- requirió la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio y tanto de forma directa como indirecta.
Explicó en ese sentido que el hecho de haberse querido apoderar del celular de la mujer habría estado con la pretensión del hombre de destruir evidencia con la intención de entorpecer la investigación. Todo ello fue admitido y dispuesto por la Jueza de Garantías, Georgina Amaro, interviniente que dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.