Maestro acusado de abusos: uno de los abogados querellantes dijo que hubo una “pedagogía del horror”

Este viernes se llevaron a cabo los alegatos en el juicio oral contra un docente acusado de abusar sexualmente de once niñas. El Ministerio Público Fiscal pidió que se lo declare culpable al sostener que se probó que cometió cada uno de los hechos. Las niñas víctimas eran alumnas de las clases de Plástica que el maestro impartía en dos escuelas de San Antonio Oeste.

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El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal jefe Hernán Trejo y el fiscal del caso Gustavo Arbués, fue parte del bloque acusador. También intervinieron los abogados querellantes en representación de distintas víctimas y el defensor de Niñez, Juan José Álvarez Costa. Mientras que Emiliano Gallego y David Lansky defendieron al maestro Andrés Leal.

La Fiscalía dividió su alegato final en una presentación general y en el análisis particular de cada uno de los hechos. El fiscal jefe Hernán Trejo sostuvo que "la prueba incorporada durante el debate confirmó la teoría del caso presentada al comienzo del juicio y permitió acreditar un mismo patrón de actuación respecto de las once niñas".

Según desarrolló en su alegato, “las víctimas tenían distintas edades, pertenecían a diferentes grados y asistían a dos establecimientos educativos. Sin embargo, al ser entrevistadas por separado, describieron situaciones similares ocurridas durante las clases de plástica”.

Señaló además que el análisis de la acusación se concentró en cuatro aspectos: los testimonios de los once niñas recibidos mediante Cámara Gesell; los informes elaborados por la profesional que realizó las entrevistas; las denuncias efectuadas por sus madres y otras personas adultas responsables y las evaluaciones practicadas por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense.

El representante del Ministerio Público explicó que las entrevistas fueron realizadas mediante protocolos específicos para niñas, niños y adolescentes, con preguntas abiertas y sin intervenciones sugestivas. Añadió que los relatos deben ser valorados de acuerdo con la edad, el desarrollo y las posibilidades de expresión de cada víctima, sin exigirles la precisión propia de una declaración adulta.

También rechazó que el tiempo transcurrido entre las denuncias y las entrevistas hubiera provocado una contaminación de los relatos. En ese sentido, sostuvo que las coincidencias se mantuvieron en aspectos centrales, mientras que las diferencias observadas resultaban compatibles con la forma en que cada niña pudo recordar y explicar lo ocurrido.

Descartó la existencia de una acción coordinada entre las familias para perjudicar al acusado. Sostuvo que las personas adultas responsables actuaron a partir de lo que cada niña les relató y recurrieron a las instituciones con las herramientas y los conocimientos que tenían frente a la gravedad de las situaciones denunciadas.

El fiscal del caso Gustavo Arbues analizó detalladamente uno a uno los once hechos traídos a juicio. Teniendo en cuenta para ello la declaración en cámara Gesell de cada una de las niñas; lo advertido por la perito entrevistadora en ese ámbito. Sumó además las aseveraciones que en debate brindaron cada una de las madres, abuelos y abuelas denunciantes, así como el resultado y las conclusiones de los peritos intervinientes.

La acusación encuadró los once hechos como abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la educación, en concurso real y en carácter de autor, conforme a los artículos 119, primer y quinto párrafos, en función del cuarto párrafo inciso b), 45 y 55 del Código Penal.

El abogado querellante de una de las víctimas, Damián Torres, adhirió a lo expresado por la fiscalía. "Cada una de estas 11 niñas, incluida a quien represento, relató las situaciones que vivió. Y pueden ellas mismas, por sí mismas, dar distintos tipos de precisiones a las preguntas de la entrevistadora. Eso hace creíble cada uno de esos relatos".

Se refirió a tres puntos en su análisis: que ninguno de los testimonios es igual a otro, que pudieron relatar el entorno contextual y que las respuestas corresponden al estado cognitivo en función de su edad. “Las niñas no mintieron. Pudieron contar lo que vivieron”.

Otro de los abogados, Santiago Alonso, adhirió con la acusación fiscal y cuestionó la estrategia desplegada por la defensa durante el debate. Sostuvo que una cosa es ejercer plenamente ese derecho y otra distinta es instalar de manera constante sospechas sobre niñas de seis, siete y ocho años. En ese sentido, afirmó que lo expuesto durante el juicio reflejó “la pedagogía del horror y la didáctica del espanto”, al poner reiteradamente en duda sus relatos. Al mismo tiempo, destacó que las palabras de las niñas fueron escuchadas de manera cuidada y mediante protocolos de reconocimiento internacional incorporados por el Poder Judicial de Río Negro.

Por su parte, el defensor oficial de Niñas, Niños y Adolescentes, Álvarez Costa sostuvo que la prueba producida durante el juicio permitió acreditar, más allá de toda duda razonable, la acusación formulada respecto de los once hechos.

Su análisis se centró en los distintos momentos que debieron atravesar las niñas desde que pudieron contar lo ocurrido hasta las entrevistas y evaluaciones realizadas durante la investigación.

El defensor remarcó entre otras cuestiones "que los relatos coincidieron en sus aspectos centrales, pero no fueron idénticos. Cada niña aportó detalles propios y circunstancias periféricas vinculadas con los juegos, el aula y la dinámica escolar".

En ese marco, afirmó que el derecho de defensa debe ser plenamente garantizado, pero que no es absoluto y encuentra un límite en el interés superior de niñas y niños. “El proceso no puede transformarse en una picadora de carne para las niñas que están siendo sometidas a él”, expresó al referirse a la necesidad de evitar intervenciones innecesarias o victimizantes.

Finalmente, señaló que el caso debe analizarse con perspectiva de género y de niñez. En concordancia con el resto del bloque acusador, solicitó que el imputado sea declarado penalmente responsable por los once hechos llevados a juicio.

Por último el abogado del acusado, Emiliano Gallego, solicitó su absolución. Entre otros argumentos, expresó que "la acusación se preocupó más por la defensa que por presentar un caso sólido, lleno de fisuras y dudas". Y le pidió al Tribunal "que recuerden el estándar para condenar y que este caso deja más dudas que certezas, con testimonios inconsistentes entre sí".

Antes de finalizar la audiencia, varias madres y una abuela presentes en la sala solicitaron justicia y destacaron la valentía de las niñas, quienes pudieron contar lo ocurrido pese a su corta edad. Señalaron que estaban allí para representarlas, acompañar sus voces y asegurarles que fueron escuchadas y defendidas. También remarcaron que niñas y niños deben ser respetados, protegidos y escuchados, y expresaron su deseo de que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir en el ámbito escolar. Todas coincidieron en el pedido de justicia.

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El imputado hizo lo propio, expresando que "está por lo mismo que las madres, buscando que se haga justicia". Pidió ser juzgado con la prueba y expresó su inocencia.

La sentencia resultante de este juicio se dará a conocer el próximo jueves 2 de julio a las 11:00 horas.