Un preso no tuvo clases, los informes dieron negativo, y decidieron que siga encerrado

El Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de esta capital no hizo lugar al pedido de un interno del Penal N° 1 de esta ciudad para gozar de un beneficio de libertad asistida en el caso de una condena previa y una segunda en el marco de un juicio de carácter abreviado por el robo de una bicicleta y por el que se determinó un castigo de siete meses de prisión.

La titular del tribunal, Shirley González, negó esa posibilidad “por no reunir la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa vigente (Artículo 54° de la Ley 24.660 sobre libertad asistida), toda vez que la salida anticipada puede constituir un grave riesgo para  el condenado, la víctima y la sociedad”.

En el caso, puso en la balanza lo informado por el Gabinete Técnico Criminológico y el Área Psicológica del Consejo Correccional del Complejo Penal N° 1 y demás fundamentos expuestos en el marco de una audiencia, pese a que la defensa del condenado reprochó los informes que perjudicaron a su defendido.

La defensa rechazó por inexacto el informe social sobre que su defendido de unos 30 años no tiene un proyecto laboral, al psicológico sobre que “no estaba en condiciones”, pero el que más le llamó la atención fue que no le pudieron garantizar en la cárcel el servicio educativo, sin embargo esa situación le jugó en contra, y no se pudo rebatir las conclusiones.