VIEDMA-CASO MANDAGARAY
Impugnan el perdón con que beneficiaron a jefes policiales que debían controlar el curso
Damián Torres, abogado querellante por la familia de Gabriel Mandagaray, fallecido en forma trágica en un curso del COER el 15 de abril de 2021 en Bahía Creek, brindó detalles sobre la impugnación presentada en la Justicia tras la decisión del juez de Juicio, Marcelo Chironi, de absolver a los jefes departamentales Carlos Grasso y Oscar Szymansky.
Los imputados eran los responsables de las áreas de Académica y de Capacitación y Perfeccionamiento de la Policía de Río Negro, pero para el letrado hubo elementos suficientes para responsabilizarlos por la falta de controles.
"El juez entendió que dentro de la Policía, específicamente los imputados, no tenían la obligación de control en el lugar sino que sus tareas son netamente administrativas. Ante esto, la defensa plantea que el juez hizo una apreciación subjetiva pero no aplicó ninguno de los métodos que se establecen para el análisis de la normativa, por lo que su determinación va en contra de los principios policiales", explicó Torres.
"El argumento se basa en que decir que las personas tienen funciones administrativas y no de control es ir en contra de los principios de las jerarquías, teniendo en cuenta que todo se debe analizar para que se realice conforme a lo que se indicó por resolución", agregó.
Continuando con los detalles, Torres señaló: "La Policía es netamente reglamentarista, es decir que establecen las normas las funciones que tienen. La Ley Orgánica divide entre funciones de seguridad, dentro de la cual está la parte de capacitación, y judiciales, pero en ningún lado habla de funciones administrativas para los jefes".
"En la impugnación lo que estamos demostrando es que el juez se apartó de lo que dice la ley, la lógica y lo razonable. La crítica está apuntada a que en la sentencia no se valoraron las normas y los testimonios, porque se corre de los principios policiales", finalizó.
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