En una tensa audiencia, se desarrolló el control de acusación contra los instructores en el caso Mandagaray
Esta mañana se desarrolló la audiencia de control de acusación contra los instructores que estaban en el curso COER, que terminó con la vida del joven Gabriel Mandagaray, el 15 de abril de 2021.
Fue una jornada cargada de tensión y de angustia para los papás del agente fallecido, ya que tuvieron cara a cara a los policías que debían velar por los pupilos y, por el contrario, cometieron varios abusos.
Estuvieron en las sillas de los acusados quien era el jefe del cuerpo de élite Alejandro Gabriel Gattoni y los efectivos Maximiliano Vitali Méndez, Alfredo Nahuelcheo y Marcelo Contreras.
Y tal como se mencionó, en el mismo Auditorio estuvieron los padres de la víctima, los comisarios Antonio Mandagaray y Adriana Fabi y vía Zoom se conectó la novia Sofía Villalba, con quien tuvo un pequeño hijo.
El fiscal Guillermo Ortiz indicó que se les atribuye haber sido responsables de llevar adelante el curso en "un lugar y en condiciones que no eran aprobadas", ya que debía haberse realizado en una zona rural ubicada sobre el kilómetro 15 de la ruta Provincial 1, camino a El Cóndor.
El representante del Ministerio Público señaló que los llevaron hasta la estancia Las Marías y luego debieron caminar varios kilómetros hasta la playa de Bahía Creek.
El fiscal explicó detalladamente: "Durante ese período sometieron a los cursantes a un excesivo desgaste físico, que generó heridas en los pies y en las manos y llevaron conductas contrarias a la dignidad de los cursantes, tales como orinar a Mandagaray, hacerles colocar máscaras con excremento animal en sus rostros, hacerlos ingresar desnudos al mar a la madrugada sin ningún tipo de seguridad y generándoles hipotermia a alguno de ellos, todo ello en un contexto de escasa alimentación e hidratación".
Seguidamente, mencionó que "causaron la muerte de Gabriel Mandagaray por asfixia por sumersión, como consecuencia de una hemorragia subaracnoidea traumática, mientras realizaban una actividad de ingreso al mar que no estaba contemplada".
La misma se trataba de un ingreso al agua con troncos pesados, sin ninguna seguridad ni apoyo de fuerzas especiales como Prefectura, pese a que el chico fallecido les había avisado que no sabía nadar.
Entró junto con los cursantes Emanuel Quiriban y Fabián Erice, no hicieron pie por las fuertes correntadas de las mareas "que generaron movimientos de aceleración y desaceleración en la cabeza de Mandagaray y golpes contra el tronco". "Los instructores no cumplieron con el plan de estudios, como a su vez existieron conductas que no eran parte de la planificación y que van en contra de los cuidados mínimos", apuntó.
Además, a Contreras se lo sindicó como quien fracturó el coxis al agente Esteban Lagos Millapán mediante patadas, lo cual refleja el nivel de salvajada de los entrenamientos.
En el medio de la audiencia, hubo un reclamo del letrado Iribarren, representante de Gattoni, quien pidió que se añada en el mismo proceso a Grasso y Szymansky, ya que el director de Recursos Financieros de la Policía, Antonio Verdugo hace una declaración que impacta directamente contra su defendido.
"La decisión de separar los dos procesos perjudica a esta defensa", sostuvo.
El abogado de la querella, Damián Torres hizo mención a que los instructores y los jefes de los departamentos superiores van por caminos distintos, "porque los hechos son distintos, las calificaciones son distintas, no hay una conexidad y las pruebas no son las mismas. Hay una cierta relación, obviamente, pero hay una diferencia muy grande entre los hechos y la calificación".
La jueza a cargo de este proceso, Daniela Zágari, no compartió el planteo de Iribarren y dio lugar a que los dos procesos vayan por su correspondiente carril, porque no hay superposición de intereses.
Acto seguido, se prosiguió con el relato de toda la carga probatoria, que es bastante amplia y extensa. Entre ellas, la reconstrucción de los hechos en Bahía Creek, los contundentes relatos de los compañeros de Mandagaray, las autopsias del cuerpo y los certificados médicos de los agentes que estuvieron cerca del colapso.
El abogado de la familia Mandagaray es Damián Torres, mientras que los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren representan a Alejandro Gattoni, Armando Salazar a Marcelo Contreras, Santiago Guenumil a Maximiliano Vitali Méndez y Manuel Maza y Luciano Perdriel a Alfredo Nahuelcheo.
La caratula es por el delito de abuso de autoridad como coautores, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y como coautores de homicidio culposo en concurso real con el hecho anterior.
Asimismo, hay otra acusación contra Carlos Grasso (Director General de Capacitación y Perfeccionamiento) y Oscar Szymansky (Jefe del Departamento Académico) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en calidad de autores.
¿Qué dijo Verdugo?
El apellido que se repitió varias veces hoy corresponde al director de Recursos Materiales y Financieros de la Policía, quien mencionó que Szymansky solicitó provisiones, pero se le advirtió que necesitaban al menos 15 días para la contratación.
El mismo Verdugo dijo que el responsable del Departamento Académico no volvió a comunicarse y llevó adelante el curso sin la contratación de los víveres.
La estrategia de los abogados de los instructores llanos será responsabilizar a Gattoni de las cuestiones de fondo, mientras que éste último buscará deslindar responsabilidades en Grasso y en Szymansky.