Imputaron a otro sujeto por el delito de Grooming
El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre de 35 años, de General Roca, el delito de “grooming” tras haberse recepcionado una denuncia del padre de la adolescente que habría recibido mensajes de su profesor de danza.
Es así que en la audiencia de formulación de cargos, el equipo fiscal enumeró la prueba con la que contaba para esta instancia. “Los mensajes enviados por el imputado habrían tenido claras propuestas de índole sexual, con el objetivo de cometer un delito contra la integridad sexual de la menor de edad. Además el hombre habría insistido en que la chica no contara, en varias oportunidades le habría consultado si guardaba secretos”, explicó el fiscal del caso.
La evidencia fue completada con la medida de prohibición de acercamiento que el imputado ya cumple y que fue emanada desde el Juzgado de Paz, luego de que el progenitor expusiera la situación.
Además se realizó un allanamiento donde se secuestraron dos teléfonos celulares, “uno de ellos era el del imputado y fue peritado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTel), el análisis realizado por los especialistas fue concluyente para imputar el delito que nos convoca”, dijo el representante fiscal.
El hombre fue asistido en la audiencia por un abogado de su confianza, que solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos.
Por su parte, la jueza de Garantías interviniente, resolvió que fuera imputado por el delito de “grooming”, según el Artículo 131 del Código Penal.
Portero de Viedma
Días atrás se condenó a un hombre a seis meses de prisión y se le impusieron pautas de conducta por el término de dos años, por Grooming. Fue luego de que éste reconociera haber intercambiado mensajes por redes sociales con una adolescente, quien asistía a la escuela en la que él se desempañaba como portero, en Viedma.
La progenitora de la menor fue consultada previamente a la celebración de este juicio abreviado y manifestó su conformidad a la consecución del mismo, que evitará que la adolescente deba ser protagonista de un debate oral y público con la consecuente revictimización que ello implica.
La condena requerida por el Ministerio Público Fiscal y convenida con el defensor particular del acusado, incluye pautas de conducta por el término de dos años que implican además de fijar domicilio, la prohibición de mantener contacto con la víctima de manera personal, por cualquier medio e incluso a través de terceras personas y la obligación de realizar un tratamiento psicológico.