Avanza la causa por el robo y venta de datos en las oficinas del IPPV
Se cumplieron 15 días ya que el gobierno de Río Negro presentó una denuncia penal contra un agente público que se desempeña en la sede central del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV) en Viedma. Se lo señala como que integraría una red de venta de datos privados de las personas.
El subsecretario de Legal y Técnica del organismo, Adrián Otero, por expreso pedido de la interventora, Inés Pérez Raventos, formuló la denuncia penal tras tomar conocimiento de la situación, que se estaría desarrollando en la sede Winter y Murillo de la capital provincial. Al parecer, la filtración se detectó cuando un técnico en computación revisó la computadora del empleado ante una falla.
Según consta en la denuncia, en tareas de rutina el área de Sistemas del IPPV detectó la existencia de una carpeta en una de las computadoras que recolectaría centenares de copias de DNI, una actividad total y absolutamente irregular para el organismo.
Inmediatamente, las autoridades del IPPV iniciaron un sumario administrativo al agente público que usaba ese equipo informático.
Más adelante y siempre de acuerdo a la letra de la denuncia, el agente admitió al área de Recursos Humanos que otras personas -que se desempeñarían en otros organismos del Estado- le remitirían expedientes y actuaciones para que extraiga los números de DNI que supuestamente eran enviados a un correo electrónico al exterior, a cambio de sumas de dinero.
Ante esta situación, las autoridades del IPPV decidieron presentar la denuncia penal a fin de que el Ministerio Público Fiscal investigue si se trata de un delito y defina la responsabilidad que podría caber al agente del organismo, más allá de la determinación de las responsabilidades administrativas que ya se encuentran en curso.
El IPPV aclaró que desconoce el destino y uso de los centenares de DNI que forman parte de las carpetas detectadas en los servidores del organismo.
Esto es materia de investigación, y por lo que pudo saber NoticiasNet, el Ministerio Público Fiscal concretó un allanamiento de computadoras y carpetas con el propósito de bloquear toda posibilidad de manipulación y verificar quien pudo comprar esos datos.