Hubo una tensa imputación contra usurpadores, donde se dictó un desalojo forzoso

Esta mañana se desarrolló una audiencia de formulación de cargos por usurpación en terrenos ubicados entre las rutas 1 y 3, en la denominada toma Ara San Juan.

El juez Carlos Dvorzak fue quien presidió el acto procesal, que tiene como perjudicados a Alicia Rodríguez y la firma Teusen SA a cargo de Gerardo Vichich.

Ya hay 90 personas que fueron notificadas judicialmente y hoy le tocó el turno de sentarse en tribunales a dos vecinos llamados Cristian Klein y Débora Chávez, mientras que otros dos fueron considerados "rebeldes" por no asistir.

El inicio de la jornada empezó a los tumbos, ya que la imputada dijo que la notificaron hace apenas algunas horas y no había hablado ni con su defensora. Por ese motivo, se dio un cuarto intermedio.

Luego de ésta pausa, una decena de usurpadores quisieron ingresar a la sala para apoyar a Chávez, pero su acceso fue denegado al poder entorpecer la realización de la audiencia.

Minutos siguientes, la fiscal Paula Rodríguez Frandsen relató que tanto Klein como Chávez, junto con otras personas identificadas y no identificadas entre las fechas 5 de octubre y 12 de diciembre de 2021, invadieron parte del predio situado en la intersección de las rutas 1 y 3.

Enumeró como pruebas las escrituras pertenecientes al verdadero dueño de las tierras, las actas fotográficas del Gabinete de Criminalística, las órdenes de allanamientos y otros cotejos hechos pertinentemente.

De esta manera, Dvorzak dispuso la formulación de cargos y cuatro meses de investigación.

Asimismo, fue solicitado por la Fiscalía y se le dio aval a la prohibición de acercamiento de Klein al lugar y desalojo de Chávez en un lapso no mayor a 35 días.

Argumentos cruzados

Desde la Defensa de Klein, representada por el abogado Adrián Zimmerman, se explicó: "El señor estaba trabajando junto con su sobrino, que también está mencionado pero no concurrió, porque estaba contratado para realizar un pozo ciego para utilizar como baño. La Policía lo identificó, él le dio los papeles y su documento y no volvió más a ese lugar. Por ese motivo está identificado, el señor no vive ahí, solamente fue a trabajar porque lo llamaron y le pagaron para eso, no es que fue a hacer un favor".

En cuanto a Chávez, detalló: "Tenemos objeciones respecto al desalojo forzoso, porque la señora se encuentra ahí en una casa, con dos hijos menores de edad y no tiene otro lugar para ir. Ninguna de las personas que está ahí quiere estarlo por voluntad, sino que lo hacen por una necesidad. Por lo tanto, ahora a corto plazo no tiene ningún lugar para ir".

La funcionaria Marta Gianni acompañó los dichos de Zimmerman y señaló: "La señora hace seis meses acordó con la parte querellante, donde no estaba presente la fiscal, para que los vecinos se retiren una vez que se logre un acuerdo con el gobierno municipal y provincial. Pretender desalojarla, que es dejarla en la calle con sus dos hijos, es un exceso de poder".

Estos fundamentos no fueron suficientes para el magistrado Dvorzak, y como se dijo anteriormente, ordenó que desaloje su casilla en menos de 35 días. Añadió que el asunto deberá ser trabajado en conjunto con el área de Minoridad correspondiente.