Maestro condenado a siete años y medio por abusos a 11 niñas: pidieron anular el juicio

La defensa de Osvaldo Andrés Leal, el maestro de San Antonio Oeste condenado a siete años y medio de prisión por abusar de 11 niñas, solicitó la nulidad del juicio y de la condena. El planteo fue presentado durante una audiencia de impugnación de sentencia, ante el Tribunal compuesto por los jueces Adrián Zimmermann, Carlos Mussi y Miguel Ángel Cardella.

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Leal concurrió esposado ante tribunales con una custodia policial, mientras que el Auditorio estuvo lleno de familiares del condenado y de familias de las víctimas. También se habilitó una sala especial en Zoom desde San Antonio Oeste, donde varias el grueso de las familias víctimas siguieron la audiencia vía remota. Desde el bloque acusador, estuvieron el fiscal jefe Hernán Trejo, el fiscal César Arbués, el abogado querellante que representó a una parte de las familias Damián Torres, la defensora de Menores adjunta Nélida Flores y el letrado Julio Santiago Alonso (quien siguió esta audiencia vía Zoom).

Emiliano Gallego, defensor de Leal, sostuvo que las acusaciones particulares fueron presentadas sin la firma de las personas a las que los abogados decían representar y sin acreditar poderes para hacerlo. Por otro, objetó la exclusión de un perito psicólogo propuesto por la defensa durante la investigación y pusieron en duda la confiabilidad de la prueba pericial utilizada para fundamentar la condena.

A partir de esos argumentos, Gallego pidió que se anule la totalidad del proceso, sin que la causa vuelva a una instancia anterior, y reclamaron la inmediata libertad de Leal.

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Los puntos del pedido de nulidad

Al desarrollar el primero de los agravios, Gallego sostuvo que los abogados que representaron a las querellas presentaron sus acusaciones durante el control de acusación sin las firmas de las personas que decían patrocinar. Según afirmó, tampoco acompañaron poderes ni invocaron una situación de urgencia que justificara esa modalidad.

Para la defensa, esa omisión volvía inexistentes los escritos y, en consecuencia, dejaba sin efecto las acusaciones particulares. En respaldo de su postura, el abogado citó distintos antecedentes del Tribunal de Impugnación, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"El escrito que no contiene la firma de la persona que dice presentarse en justicia es un escrito inexistente y como tal no produce efectos jurídicos", argumentó. También cuestionó que esa situación hubiera sido considerada subsanable durante las instancias anteriores y sostuvo que Leal debió enfrentar el juicio con acusadores que, a su criterio, no tenían legitimación para intervenir.

El segundo planteo estuvo relacionado con la prueba pericial psicológica. La defensa cuestionó que durante la investigación se excluyera al perito propuesto por Leal y puso en duda la confiabilidad del informe que finalmente fue utilizado para sustentar la condena.

Por el lado del bloque acusador, recordaron que un juez de control y también un juez revisor entendieron que se trataba de un acto convalidable y entonces permitieron que las querellas participen del juicio, por lo que el desarrollo del juicio y la sentencia no deberían correr peligro.

Cómo fueron los hechos

El docente de plástica Osvaldo Andrés Leal fue condenado por el Tribunal de Juicio de Viedma a 7 años y 6 meses de prisión efectiva, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la docencia, al ser declarado culpable de 11 hechos de abuso sexual simple agravado.

Los abusos ocurrieron en la localidad de San Antonio Oeste. Afectaron a 11 niñas de entre 6 y 8 años que asistían a las Escuelas Primarias N° 6 y N° 146, donde Leal se desempeñaba como maestro de Plástica.

Los delitos se cometieron dentro del aula durante el horario escolar entre marzo de 2023 y junio de 2024. El docente se valió de su situación de autoridad en la clase y de la confianza de las familias para llevar a cabo los abusos.

Tras las denuncias, el maestro fue detenido en agosto de 2024. Durante el juicio, que se llevó a cabo a mediados de 2026 en el Auditorio del Poder Judicial de Viedma, resultaron determinantes los testimonios de las niñas mediante unas 15 horas de declaraciones en Cámara Gesell, las pericias psicológicas forenses que constataron secuelas compatibles con estrés postraumático, y los relatos de las madres, padres y abuelos sobre los drásticos cambios de comportamiento que experimentaron las menores.

El tribunal —integrado por los jueces Marcelo Álvarez, Marcelo Chironi y Carlos Reussi— dictaminó por unanimidad que los hechos sucedieron tal como fueron narrados por la acusación. El caso fue encuadrado penalmente bajo la figura jurídica de "abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación, en concurso real".

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