“Utilizar la palabra antes que la violencia”: cómo se trabaja en el programa de Masculinidades

“En realidad llegan muy enojados”, resumió Melisa Jarque, abogada y referente del programa Masculinidad y Violencia, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro. Así se refirió a los hombres que deben participar de los encuentros por una disposición judicial, generalmente como parte de las pautas de conducta establecidas en causas por violencia de género.

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Sin embargo, lo que suele comenzar con resistencia puede transformarse en una experiencia de reflexión. “El cambio de posición es tremendo”, aseguró Jarque, quien, junto con Romina Alcaraz, especialista en Género y Diversidad Familiar, y Melanie Eidintas, psicóloga, explicó cómo funciona el dispositivo, qué buscan generar en los participantes y cuáles son los límites de una intervención que apunta a prevenir nuevas situaciones de violencia.

Jarque dijo: "Se los convoca a trabajar con malestares de la vida cotidiana y desde ahí se termina abordando o trabajando roles de género y violencia estructural" y agregó que el objetivo es que puedan “utilizar la palabra antes que la violencia”.

A su turno, Alcaraz mencionó: "Estamos trabajando desde el año 2021 en este programa, primero fue un proyecto de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia. Y luego, se aprobó como programa provincial y a partir de un tiempito antes de ello, lo que ayudó a que se aprobara como programa, fue un convenio de colaboración con el Poder Judicial, en el cual se solicitaba que se dispusiera como pauta de conducta obligatoria para los varones que han ejercido violencia y tienen causas penales, y están en una situación específica como suspensión de juicio a prueba o condena condicional. Y también los varones que tienen un dispositivo dual de monitoreo".

Eidintas, asimismo, señaló: "Esto se implementa en Viedma, Bariloche, Villa Regina va a comenzar uno prontamente, Cipolletti, Choele Choel, San Antonio, Conesa, Río Colorado, Roca, en varias localidades se están implementando estos dispositivos y las personas que implementan y están adelante del grupo fueron formadas en la metodología. Son dos profesionales, uno que ejerce el rol de coordinación y lleva adelante la reunión y otra persona que observa y registra".

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Las referentes hicieron hincapié en una aclaración: no se trata de un “curso” (palabra usada frecuentemente en la jerga judicial), que se aprueba o desaprueba, sino de un proceso grupal de reflexión y responsabilización. La diferencia no es solamente una cuestión de nombres. El objetivo, explicaron, no es entregar un certificado que garantice que una persona dejará de ejercer violencia, sino trabajar sobre las conductas, los mandatos sociales y los malestares que pueden intervenir en esas situaciones.

Por qué la Justicia deriva a hombres al dispositivo

Tal como anticipó Alcaraz, el vínculo con el Poder Judicial se consolidó a través de un convenio de colaboración que permitió incorporar la participación en estos espacios como una pauta de conducta para determinados hombres con causas penales.

“Se solicitaba que se dispusiera la pauta de conducta, esta pauta obligatoria para los varones que han ejercido violencia y tienen causas penales, y están en una situación específica que es de suspensión a juicio de prueba o condena condicional”, detalló.

También participan hombres que tienen un dispositivo dual de monitoreo y se encuentran en una etapa de investigación, luego de una denuncia por violencia. En estos casos, su abordaje corresponde al Ministerio de Seguridad y Justicia.

La obligatoriedad, reconoció Alcaraz, funciona como una puerta de entrada para una población que, en general, no busca espontáneamente ayuda para revisar sus conductas. “Si no, estos varones no asistirían. No hay una demanda espontánea de decir: ‘Yo cometí este acto, necesito ir a algún espacio para poder charlar al respecto y cambiar mi conducta’. No la hay”, señaló.

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No obstante, aclaró que el cumplimiento de la pauta judicial y el trabajo reflexivo son dos cuestiones diferentes. La obligación puede conseguir que un hombre llegue al espacio, pero el proceso busca que pueda involucrarse y revisar sus comportamientos.

Cómo son los encuentros

Jarque explicó que el equipo trabaja desde el paradigma de la justicia restaurativa y utiliza una metodología denominada “Procesos Correctores Comunitarios”. La propuesta consiste en abordar distintos malestares de la vida cotidiana para, desde allí, trabajar sobre los roles de género, los mandatos sociales y la violencia estructural.

“Es un dispositivo grupal, es como un taller donde nosotros lo que hacemos es convocar a los varones a participar de un dispositivo reflexivo”, describió.

Eidintas precisó que existen dos modalidades: una tradicional, de 12 encuentros distribuidos en tres meses, y otra adaptada, de seis encuentros durante un mes y medio. La modalidad depende de las características de cada localidad, la cantidad de participantes y la disponibilidad de profesionales, entre otros factores. Como espacios físicos, se usan juntas vecinales, centros culturales o lugares abiertos que no sean parte del circuito policial o judicial.

En ambos casos, los grupos son cerrados y se reúnen una vez por semana. Las jornadas no están libradas a lo que surja en el momento. “Cada reunión tiene sus objetivos específicos, hay una guía de implementación y está pautado lo que se va a trabajar cada vez”, remarcó Jarque.

Los contenidos incluyen trabajo, salud, paternidad, roles de género, justicia y restauración. Eidintas aclaró que no se trata de una terapia grupal, sino de un espacio “de reflexión, psicosocioeducativo”, por lo no se sustituye la terapia psicológica individual, que muchas veces está acompañada como otra pauta de conducta del agresor.

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En la actualidad, el programa cuenta con cinco referentes provinciales y 53 personas formadas en la metodología para implementar los dispositivos en territorio.

De la resistencia inicial a encontrar un espacio para hablar

Uno de los principales desafíos es lograr que los participantes dejen de percibir el dispositivo como un trámite judicial. Según Jarque, muchos llegan enojados y cuestionan por qué deben estar allí. “Yo no sé qué hago acá, a mí no me corresponde, yo no tengo que estar haciendo esto”, describió sobre algunas de las primeras reacciones.

“Lo que hacemos es trabajar con ellos en pensar alternativas. El sistema exige esto y eso te rompe, eso te destruye, eso hace que utilices la violencia como un mecanismo, pero, bueno, ¿qué alternativas tenemos? Y, en las últimas reuniones ya van procesando el duelo de la pérdida de ese espacio, porque no hay otros espacios donde puedan alojar esto. La posibilidad de un encuentro, de una reflexión, no es lo que abunda”, sostuvo Jarque.

Según contó, algunos reconocen que nunca habían hablado de determinados temas con sus familiares, sus hijos o sus amigos. En otros casos, los cambios aparecen en situaciones cotidianas: la posibilidad de conversar con un amigo, abordar cuestiones que antes evitaban o comenzar a generar condiciones para revincularse con sus hijos.

“Hay algo que se mueve”, resumió Alcaraz. Para el equipo, esas situaciones son indicios de un proceso que busca revisar el ejercicio de la violencia a partir de otros aspectos de la vida de los participantes. La referente también explicó que algunos llegan confundidos, con la idea de que el espacio será otra instancia en la que serán juzgados. Por eso, una parte del trabajo consiste en diferenciar las funciones: la Justicia interviene para juzgar las conductas, mientras que el dispositivo propone un ámbito de reflexión.

“Algunos pueden hablar por primera vez y decir cómo se sienten, qué sienten, y empezar a utilizar la palabra como un recurso antes que la violencia”, puntualizó.

¿Bajó la reincidencia? El programa todavía busca medirlo

Una de las preguntas centrales sobre este tipo de intervenciones es si contribuyen a evitar nuevas situaciones de violencia. Por ahora, las referentes señalaron que están trabajando para reunir información que permita responder con mayor precisión.

Jarque explicó que algunos hombres que ya participaron vuelven a ser derivados al dispositivo porque recibieron una nueva pauta de conducta en otra causa. Sin embargo, esa situación no alcanza para establecer por sí sola la reincidencia: puede haber denuncias que no avanzan en el fuero penal o que permanecen en la instancia de los juzgados de familia.

“Estamos haciendo un cruce de información para poder tener esos datos”, indicó. Como referencia, la letrada mencionó que, de los más de 300 hombres que pasaron por los dispositivos desde su puesta en marcha, alrededor del 3% habría regresado. Pero advirtió que ese dato debe interpretarse con cuidado, porque el equipo todavía busca determinar qué ocurrió en cada caso y bajo qué circunstancias.

Además, señaló que parte de la población atraviesa situaciones de extrema vulnerabilidad, como vivir en la calle, que pueden dificultar el aprovechamiento del espacio. “La violencia se ejerce contra la mujer, contra otros varones y contra ellos mismos”, dijo la facultativa.

En los grupos, contó, aparecen relatos sobre amigos, conocidos o familiares que atravesaron situaciones de violencia y terminaron suicidándose. Algunos participantes incluso expresan que, de haber contado antes con herramientas para hablar de lo que les ocurría, esas historias podrían haber sido diferentes. Por eso, el trabajo apunta a abordar no solo el episodio que originó la intervención judicial, sino también otros factores que atraviesan la vida de los participantes.

Qué pasa cuando un hombre no se presenta

La obligatoriedad de la pauta no significa que todos los convocados asistan. Alcaraz explicó que el equipo elabora un listado de personas citadas e intenta contactarlas a través de las duplas que trabajan en territorio. También articula con el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL), que supervisa el cumplimiento de las pautas de conducta, y con la Fiscalía. A la vez que se busca involucrar a las defensas para explicar a los convocados por qué puede ser beneficioso participar.

“Tenemos convocado a varones más de cuatro o cinco veces”, contó. Sin embargo, la falta de asistencia no siempre responde a una negativa. La referente mencionó situaciones atravesadas por consumos problemáticos o por la falta de vivienda, que pueden impedir que una persona sostenga un proceso de estas características.

En esos casos, el equipo puede sugerir que primero se acceda a un dispositivo que aborde la problemática más urgente y que luego se retome la participación en el espacio de masculinidades. Si no se logra convocar al hombre, se informa la situación para que las autoridades judiciales evalúen alternativas.

Una herramienta que debe complementarse con otras intervenciones

Las referentes coincidieron en que el dispositivo grupal no reemplaza el tratamiento psicológico individual ni la atención específica que pueda requerir una persona que atraviesa consumos problemáticos.

“Todo es complementario, todo suma”, afirmó Jarque. Mientras la terapia individual permite trabajar sobre la situación particular de cada persona, el espacio grupal propone una reflexión compartida a partir de temáticas previamente planificadas. “Creo que es el trabajo en red ideal”, agregó.

El programa tampoco realiza el abordaje de las víctimas. Jarque explicó que esa tarea corresponde a otros organismos, como la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Poder Judicial, la Dirección de Asistencia, Prevención y Protección de Víctimas del Ministerio de Seguridad y Justicia y el Sistema de Abordaje Territorial (SAT), dependiente del Ministerio de Desarrollo.

“Nosotras trabajamos con los varones que ejercieron esa violencia, entendiendo que la violencia es integral, que hay que abordar todas las partes involucradas, porque, en definitiva, el objetivo es el mismo: prevenir futuros hechos de violencia o el recrudecimiento de las violencias”, sostuvo.

La necesidad de articular intervenciones también aparece cuando un hombre retoma una relación con la persona que denunció la violencia. En esos casos, Jarque reconoció que al equipo le gustaría contar con herramientas para realizar un seguimiento más amplio. “Cuando los varones terminan los dispositivos estamos pensando, y ya hay todo un trabajo hecho, de poder continuar teniendo algún tipo de contacto, brindando alguna contención o algún espacio”, explicó.

Una de las estrategias que mencionó es formar a personal de los municipios —entre ellos, el de Viedma— para generar dispositivos locales que permitan dar continuidad al trabajo una vez finalizados los encuentros.

Alcaraz reconoció que los recursos disponibles son limitados y que todavía no cuentan con un seguimiento individualizado de quienes completan el proceso. “Esto es como una semillita más, un condimento más de muchas otras intervenciones y factores que influyen. La verdad que sí, intentamos hacer un aporte”, expresó.

Cada vez llegan hombres más jóvenes

Otro de los cambios que observan las referentes está relacionado con las edades de los participantes. Aunque todavía predominan los hombres de entre 30 y 40 años, y también hay participantes de más de 40 y 50, el equipo comenzó a registrar una mayor presencia de jóvenes.

“Cada vez más chicos estamos notando. Si bien la mayoría van de 30 a 40 y pico, 50 años, cada vez más entre 18 y 20, que era una edad que, al principio, en los primeros años, no se veía”, señaló Alcaraz.

La aparición de participantes más jóvenes es uno de los aspectos que les llama la atención desde el inicio del programa. Para las referentes, el desafío es sostener y ampliar estos espacios de reflexión, en articulación con la Justicia y otros organismos, sin perder de vista los límites de la intervención.

El objetivo, insistieron, no es certificar que un hombre ya no ejercerá violencia, sino acompañar un proceso que le permita revisar sus conductas, reconocer responsabilidades y construir otras formas de vincularse.

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