Vialidad: rechazaron el intento de Máximo y Florencia Kirchner por suspender el decomiso de sus bienes

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó este jueves el proceso de decomiso en la causa Vialidad y autorizó a avanzar sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner y las empresas Hotesur y Los Sauces, ante el intento de la defensa por suspender el trámite. Los hijos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fueron condenados junto a ella en el juicio, pero sus posesiones provienen de un origen ilícito, según determinó la Justicia.

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Por decisión unánime, el tribunal respaldó las medidas cautelares que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la ejecución patrimonial con la que se deberán recuperar 685.000 millones de pesos de la corrupción con la obra pública. El fallo de la Sala IV lleva las firmas de los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Los jueces analizaron las impugnaciones contra un fallo previo del TOF N° 2, dictado el 14 de septiembre de 2026. En aquella oportunidad, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron los recursos que pretendían frenar las actuaciones patrimoniales y objetaban el diferimiento de la participación societaria en el expediente.

El abogado Luis Joel Goldin, en representación de los hijos de la exmandataria, apeló ante la Casación aquella decisión del tribunal oral. La defensa cuestionó que el TOF N° 2 postergara el tratamiento de su solicitud para suspender el incidente de ejecución y las medidas cautelares vigentes. Sucede que actualmente se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculado a la procedencia del decomiso de los bienes.

De acuerdo con la postura de la defensa, avanzar con la ejecución de las medidas patrimoniales mientras la Corte Suprema no se pronuncie de forma definitiva podría frustrar la jurisdicción del máximo tribunal y tornar ilusorio cualquier fallo favorable posterior.

Asimismo, Goldin argumentó que la continuidad de estas acciones afecta garantías constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad. También invocó el principio de trascendencia de la pena, bajo el argumento de que los efectos económicos del decomiso se proyectarían sobre el patrimonio de personas que no resultaron condenadas en el juicio de Vialidad.

La Cámara de Casación subrayó que el tribunal de origen no rechazó de manera permanente las peticiones de las partes, sino que simplemente postergó su tratamiento. En ese sentido, los jueces señalaron que las defensas no lograron demostrar la existencia de un perjuicio concreto, actual y de imposible reparación posterior.

Con respecto a los embargos, el tribunal recordó que estas medidas poseen un carácter estrictamente preventivo, por lo que no alteran la titularidad registral de los inmuebles ni anticipan una definición sobre el destino final de los bienes afectados.