Muerte de una joven de 22 años en Viedma: imputaron a tres médicos por presunta mala praxis

La sala 5 del Poder Judicial de Viedma fue el escenario para una formulación de cargos contra tres médicos de un centro de salud privado, por homicidio culposo por mala praxis, en calidad de autores. Uno de ellos estaba de guardia y los otros dos eran coordinadores del servicio de Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

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Se trata de los doctores que atendieron a Catalina Romeo, una joven de 22 años, que ingresó de urgencia, estuvo cuatro días en el establecimiento médico y falleció antes de que le apliquen un tratamiento crucial.

En primera instancia, el abogado defensor Damián Torres pidió que no se divulguen datos ni imágenes de los imputados, por un posible entorpecimiento en una investigación propia, por lo que el juez de Garantías, Guillermo González Sacco, dio lugar.

Luego, la fiscal Paula De Luque describió los hechos, en una plataforma fáctica única en conjunto con el abogado querellante Favio Igoldi. Ambos estuvieron acompañados por los padres de la víctima, Sergio Romeo y Alicia Ávalos.

La representante del Ministerio Público indicó que se les atribuye a los tres médicos haber sido quienes trataron en primera instancia a Catalina, en la guardia de la medianoche del 15 de diciembre de 2024. Luego de los exámenes pertinentes, se detectó que tenía púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), una enfermedad poco común que se refiere principalmente a un trastorno de la sangre, donde se forman pequeños coágulos en los vasos sanguíneos pequeños.

Ante este escenario, para reducir el riesgo de mortandad de un 90% a un 20%, es necesario aplicársele un tratamiento llamado “plasmaféresis”, que incluye el recambio de plasma. Según el relato fiscal, los facultativos omitieron este procedimiento y cuatro días después de internación, el 19 de diciembre de 2024, Catalina falleció por presunta “negligencia u omisión”.

Como sustento probatorio, se recabó la historia clínica, se solicitó un estudio pericial del Cuerpo Médico Forense y se hizo un informe de una Junta Médica donde se detalla todo lo que hizo en medio de la internación de la joven y se constató que "ante la sospecha de un diagnóstico de PTT se debía iniciar, de carácter urgente, con este tratamiento indicado".

Seguidamente, el abogado Torres cuestionó el planteamiento de la fiscal: Al respecto, dijo que investigó a dos de los imputados a doctora "a sus espaldas", por lo que estaba produciendo evidencia sin saber que luego los iban a imputar. También criticó que no se individualizó el rol que tenía cada uno de los doctores en el caso.

"Cada uno de estos señores no sabe de qué se tiene que defender. Cuál es la norma que infringieron", remarcó el letrado y luego amplió que la "plasmaféresis" estaba contemplada para hacerse el día 19 de diciembre, justo cuando murió Catalina.

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Según expuso: "Se les imputa a tres médicos una situación lamentable y desgraciada de una enfermedad que se produjo con una velocidad inusitada. En una respuesta del 7 de diciembre de 2025 (del centro privado) respondieron que la paciente se encontraba en aceptable estado general y no se planteó la necesidad de una derivación. Clínicamente, no mostraba una sintomatología específica de urgencia, porque ella deambulaba y estaba en condiciones generales relativamente adecuadas".

Por esto, el abogado de los acusados se impuso a la formulación de cargos por no tener especificado cada uno de los roles de sus clientes y en qué interfirieron o qué omisión hicieron para el fatídico desenlace. 

El juez González Sacco escuchó los planteos de cada parte y finalmente dio por formulado los cargos contra los doctores por "homicidio culposo", por supuesta mala praxis con un plazo de investigación de cuatro meses.

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