Maestro condenado por múltiples abusos: ¿qué postura asumirá la querella?

Luego de conocerse el fallo que condenó al docente Osvaldo Andrés Leal a siete años y seis meses de prisión por 11 hechos de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido en su condición de encargado de la educación, una de las cuestiones que surgía era cuál sería la postura de las familias querellantes frente a la pena impuesta.

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En diálogo con NoticiasNet, el abogado Damián Torres, representante de varias de las familias de las niñas víctimas, consideró que la condena resulta razonable en función de las características del caso y de los antecedentes judiciales existentes.

El abogado explicó que, más allá del dolor y las expectativas de las familias, la pena establecida por el Tribunal tiene lógica si se tienen en cuenta distintos elementos valorados durante el proceso. Entre ellos mencionó los antecedentes y fallos similares, la ausencia de antecedentes penales de Leal y, al mismo tiempo, la cantidad de niñas involucradas en los hechos por los que finalmente fue condenado.

La sentencia fue dictada por unanimidad por el Tribunal de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, que consideró acreditados los 11 hechos de abuso sexual simple agravado por la condición de docente del acusado.

El fallo también dedicó una parte importante de sus fundamentos a analizar la prueba reunida durante la investigación y el juicio, especialmente los testimonios de las niñas obtenidos mediante Cámara Gesell, las entrevistas realizadas por profesionales y las pericias psicológicas.

En ese análisis, los jueces concluyeron que no existían elementos suficientes para sostener que los relatos hubieran sido inducidos o construidos colectivamente. Además, las pericias determinaron afectaciones psicológicas en las niñas y, en ocho de los casos, se diagnosticó estrés postraumático.

La querella no apelará para aumentar la pena

Consultado específicamente sobre la posibilidad de recurrir la sentencia para intentar conseguir una condena mayor, Torres fue contundente y explicó que esa no será la estrategia de la querella. “No, no vamos a apelar para subir el monto de la pena”, afirmó.

El abogado explicó que, desde el punto de vista técnico, la querella no cuenta con una vía de impugnación para cuestionar el monto establecido por el Tribunal, debido a la diferencia existente entre la pena finalmente impuesta y la solicitada durante el juicio. “Objetivamente, no tenemos impugnación”, sostuvo Torres.

Durante el debate, la Fiscalía había solicitado nueve años de prisión, pedido al que adhirieron otros representantes de las víctimas y el Defensor de Menores. Por su parte, otro de los querellantes había reclamado una pena de 12 años, mientras que la defensa había solicitado tres años de prisión en suspenso.

De esta manera, para las familias representadas por Torres, el próximo paso no estará puesto en intentar modificar el monto de la condena, sino en continuar con el proceso judicial a partir de una sentencia que consideraron un reconocimiento de la responsabilidad penal de Leal por los hechos denunciados.

El docente permanece detenido desde 2024 y, de acuerdo con lo establecido tras la condena, deberá cumplir siete años y seis meses de prisión, además de una inhabilitación especial y perpetua para ejercer la docencia.