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06/06/2026

Reabren el debate por los controles antidrogas a funcionarios de Río Negro

La presentación de un proyecto para realizar exámenes a funcionarios de los tres poderes generó respaldo de distintos sectores. Fernando Frugoni recordó que existe una iniciativa similar impulsada por su bancada.
El legislador Fernando Frugoni aseguró que la propuesta presentada por Primero Río Negro va en la misma línea que la impulsada por su bloque en 2024. Foto ilustrativa
El legislador Fernando Frugoni aseguró que la propuesta presentada por Primero Río Negro va en la misma línea que la impulsada por su bloque en 2024. Foto ilustrativa

Un proyecto de ley que propone realizar tests de consumo de drogas y sustancias prohibidas a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial volvió a poner el tema en agenda en la Legislatura de Río Negro. La iniciativa fue presentada por la legisladora de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla.

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La propuesta busca establecer controles sobre quienes ocupan cargos públicos y reabre un debate que ya tuvo antecedentes tanto en la provincia como en otras jurisdicciones del país.

Quien habló del tema fue el legislador Fernando Frugoni, del bloque CCARI-Cambiemos, que destacó que la iniciativa coincide con otra presentada por su bancada el 16 de diciembre del año pasado. “Va exactamente en la misma línea del que presentamos desde nuestra bancada el 16 de diciembre del año pasado”, afirmó. Además, recordó que “estas iniciativas no son novedosas”, ya que en septiembre de 2016 los entonces legisladores Ariel Rivero, Javier Iud y Alejandro Marinao impulsaron una propuesta similar que finalmente no prosperó.

Frugoni reconoció que se trata de un tema complejo y sensible. Por esa razón, explicó que el proyecto elaborado por su bloque amplía el universo de funcionarios alcanzados y contempla mecanismos de resguardo para quienes deban someterse a los controles.

Sobre las diferencias, mencionó: “El presentamos nosotros tiene un alcance un poco mayor hacia quiénes está dirigido”. Y agregó que la iniciativa prevé “amplias garantías de confidencialidad, defensa y debido proceso para los funcionarios que deban someterse a los exámenes”.

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