Causa Techo Digno: dos gestiones municipales bajo la lupa judicial

Tal como estaba previsto se llevó a cabo este lunes el primer capítulo de un extenso debate por el juicio oral y público en la causa denominada “Techo Digno”. La audiencia en el auditorium del Poder Judicial de Viedma fue presidida por los jueces Guillermo Bustamante, Marcelo Chironi y Guillermo González Sacco.

Se investiga a exintendentes y exfuncionarios de Sierra Grande por el presunto aval de certificaciones falsas de obras no ejecutadas, con el fin de beneficiar económicamente a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S.A.

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Los imputados están acusados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso.

Para llevar adelante las tareas, la Fiscalía integrada por Yanina Estela y Juan Pedro Peralta, dividió los hechos en dos períodos de gobierno municipal que ejecutaron los convenios habitacionales de infraestructura financiados por el Estado Nacional.

La parte acusadora leyó, en el transcurso de la audiencia, la investigación preliminar señalando en un primer término a Renzo Tamburrini (intendente), Mauro Tamburrini (secretario de Gobierno y Hacienda) y Ernesto Héctor Noel (secretario de Obras y Servicios Públicos). Su gestión fue hasta el 9 de diciembre de 2015.

Las irregularidades detectadas en el convenio de 40 Viviendas son las siguientes: se ordenó el pago de $12.861.207,89, certificando falsamente un avance de obra del 71,03%. Auditorías técnicas posteriores determinaron que el avance real era solo del 42,21%. Esto generó un pago en exceso del 28,83%, provocando un perjuicio económico al erario público de entre $2,2 millones y $4,8 millones (según se contemplen o no redeterminaciones de precios).

Convenio de Infraestructura y Nexos: Se recibió el 100% de los fondos nacionales ($1.440.000) y se pagaron $1.058.400 a la empresa, certificando un avance del 73,50%. Las pericias determinaron que el avance real era del 0%, generando un perjuicio de hasta $1.058.400.

La segunda gestión revisada por la justicia es la que corresponde, a partir del 10 de diciembre de 2015, a Nelson Rubén Iribarren (intendente), Claudia Alvarinho (secretaria de Gobierno) y Miguel Ángel Mesa (secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos), según los fiscales que hicieron uso de la palabra.

Las presuntas irregularidades detectadas son las siguientes: el municipio recibió el saldo restante de los fondos nacionales. Bajo esta gestión, se ordenó el pago de $5.234.331,54 a la misma constructora tras certificarse de forma presuntamente falsa un avance del 100% de la obra por parte de Miguel Ángel Mesa.

Los informes técnicos determinaron que en la obra de infraestructura solo se había realizado un zanjeo en 14 viviendas para redes de cloaca y agua, sin registrarse los movimientos de suelo previstos en el plan de acción.

En el marco del juicio, la Fiscalía adelantó que presentará sus pruebas a través de tres bloques de testimonios durante el debate. Funcionarios Nacionales que explicarán el funcionamiento, articulación y las irregularidades detectadas desde la órbita nacional del programa.

En este marco, se adelantó que empleados y funcionarios Municipales, testificarán trabajadores de Obras Públicas y miembros del Tribunal de Contralor municipal que detectaron las anomalías y radicaron la denuncia penal originaria.

También se anunció que durante toda esta semana declararán ingenieros y personal de Criminalística, del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV) y del propio municipio que realizaron los relevamientos, mediciones y auditorías de las obras en 2016.

Los acusados principales y sus entonces funcionarios acudieron acompañados de sus abogados defensores, Juan Carlos Chirinos, Angel Curzi, Mariano Gestoso, Santiago Güenumil y Pedro Vega (en carácter de defensor oficial).

A su turno, las distintas defensas rechazaron la acusación y sostuvieron que no podrá probarse la maniobra atribuida. El defensor oficial interviniente redundó en sus alegatos en la falta de rigurosidad y de sustento de la hipótesis fiscal y afirmó que su defendido (secretario de Gobierno de la primera administración) ejerció las funciones que le correspondían dentro del marco legal y sin infringir normas penales.

La causa penal se inició en el fuero federal, que determinó luego su incompetencia y remitió a la provincia la totalidad de los expedientes con procesamientos firmes respecto de las primeras personas sospechadas. Tras un ordenamiento y sistematización de la información, los legajos fueron divididos por Circunscripciones Judiciales para el inicio de las investigaciones preliminares, que incluyeron nuevas imputaciones y la realización de diversas audiencias, especialmente vinculadas con planteos de las defensas.

El debate se extenderá durante toda esta semana, a partir de las 8:15, en el auditorio del Poder Judicial.

Techo Digno

El Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno" es una iniciativa cofinanciada entre el Estado Nacional y las provincias argentinas para facilitar el acceso a casas adecuadas.

En el caso de Sierra Grande, el programa "Techo Digno" se implementó mediante dos convenios. El convenio particular del 2014, denominado "40 Viviendas e Infraestructura de la localidad de Sierra Grande", que fue celebrado el 11 de diciembre del 2014; y el convenio particular del 2015, denominado "Infraestructura e Nexos para 40 Viviendas en Sierra Grande", que fue celebrado el 1 de octubre del 2015.