Congreso: el Gobierno retomará el debate con una nueva ley de discapacidad

El oficialismo ha optado por un cambio estratégico en el eje del debate en el Congreso, centrando sus esfuerzos en la apertura de dos discusiones clave para la agenda política de este y los próximos años. Con el objetivo de marcar un nuevo rumbo, el Gobierno ha presentado dos propuestas legislativas de gran relevancia: una referida a la Emergencia en Discapacidad y la otra al financiamiento de universidades nacionales.

La iniciativa sobre el financiamiento universitario, que ya se encuentra en el Congreso desde febrero, está a punto de ser considerada en las comisiones de Educación y de Presupuesto de la Nación. Este proyecto, encabezado en sus discusiones por la diputada Alicia Fregonese del PRO y Bertie Benegas Lynch de La Libertad Avanza, se propone armonizar las necesidades de las universidades públicas con las previsiones presupuestarias del año en curso.

En detalle, el objetivo de la propuesta oficialista busca garantizar condiciones óptimas para el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes universitarios, asegurar condiciones dignas de trabajo para los docentes y no docentes, así como fortalecer la infraestructura educativa mediante la inversión en tecnología. El plan contempla también el aseguramiento de una educación superior gratuita mediante un refuerzo en los programas de becas y establece la necesidad de aumentar el presupuesto para hospitales universitarios.

Por otro lado, la Emergencia en Discapacidad se configura como otro frente de acción significativo para el Ejecutivo. Este proyecto propone un combate frontal contra el fraude en las pensiones por invalidez, las cuales incrementaron notablemente en los últimos dos decenios, evidenciando un aumento sin precedentes que despierta suspicacias y señala la necesidad de una regulación que asegure su sostenibilidad en el tiempo.

Parte del proyecto de ley incluye disposiciones para la regularización de deudas tributarias, la refinanciación de planes de pago y el fortalecimiento de las políticas de inclusión y de compensación arancelaria para personas con discapacidad.