Escándalo en Santa Cruz con la empresa de la familia Tortoriello por sobrecostos

Diversos medios de comunicación de Santa Cruz destacaron en los últimos días que la empresa vinculada al Diputado Nacional por Río Negro, denominada P. Tortoriello SRL, quedó envuelta en un escándalo. Esto luego de que, tras una licitación pública, la empresa estatal Distrigas recomendara al Poder Ejecutivo contratar a la empresa con sede en Cipolletti, a pesar de haber pasado un presupuesto que es casi 10% superior al de sus competidores.

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Los dueños de una de las empresas desplazadas presentaron una denuncia, al considerar que había un sobrecosto injustificado de 564 millones de pesos. Se trata de los representantes de la firma Trans Eccleston, quienes cuestionaron el proceso licitatorio, del que además participaron Roligas S.A., Transporte J.C. Morrison, P. Tortoriello y Cía S.A., y la propia Trans Eccleston.

Según trascendió, las cotizaciones fueron: Roligas S.A. (Mar del Plata): $6.225.727.738,00; Transporte J.C. Morrison (Río Gallegos): $6.239.433.123,00; y P. Tortoriello y Cía S.A. (Cipolletti): $6.790.152.597,52.

Pese a ser la opción más costosa, la firma P. Tortoriello y Cía S.A. resultó ganadora, eso motivó una presentación ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. Los apoderados de la firma Trans Eccleston consideraron que se le está causando un perjuicio económico al Estado de más de 500 millones de pesos. Además, señalaron irregularidades en la infraestructura de la empresa beneficiada.

Se cuestiona que la empresa de Tortoriello no contaría con la infraestructura necesaria —como camiones, empleados o base operativa— dentro de la provincia de Santa Cruz como lo exige el marco legal de aquella provincia.

La compulsa de la polémica es la Licitación Pública N° 0030/DGSA/2025 de DISTRIGAS SA, destinada a la contratación del transporte de GLP para cuatro localidades del interior santacruceño. Según el portal “El Post Energético”, los precios unitarios no coincidirían con los totales consignados, generando errores de cálculo que impedirían determinar con certeza el precio final real de la propuesta.

De confirmarse, la situación sería aún más delicada: no solo se trataría de que la provincia pagaría más, sino de que la oferta recomendada contendría defectos que afectarían un elemento esencial del contrato (la determinación clara y precisa del precio) comprometiendo la transparencia y la comparabilidad entre oferentes, destacaron desde el medio.

También se objeta que la familia Tortoriello se presentó a la compulsa a pesar que su empresa no tendría empleados, camiones ni base operativa en Santa Cruz. Este último punto es clave, ya que el incumplimiento de las disposiciones locales de prioridad de contratación podría contravenir la Ley de Contabilidad, otorgando una base técnica sólida para una eventual sanción por parte del organismo de control.

Ante la denuncia, el Tribunal de Cuentas se vio obligado a abrir un expediente de revisión de todo el proceso administrativo y solicitó a la presidencia de Distrigas S.A. el envío de los pliegos, las actas de apertura y el dictamen de la comisión evaluadora.

La intervención del TC podría derivar en una «Observación Legal» al contrato, lo que congelaría los pagos a la adjudicataria (Tortorielo SRL) hasta que se aclare la diferencia de costos. Cabe destacar que, al ser Distrigas una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, sus directores podrían responder con su propio patrimonio en caso de demostrarse una administración negligente de los fondos públicos.

El avance real del caso dependerá ahora del dictamen que emita el área de Auditores de Empresas del Estado del TC, en un contexto marcado por fuertes auditorías y demandas de mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos de la provincia.