La Justicia intervino en un caso de violencia y activó un esquema de protección integral

La Unidad Procesal de Familia N° 11 de Viedma dictó una sentencia definitiva en el marco de una denuncia por violencia familiar, en la que resolvió imponer medidas cautelares urgentes contra un hombre denunciado por su expareja, en representación de su hijo menor de edad.

El fallo, firmado por la jueza Paula Fredes, estableció la prohibición absoluta de ejercer cualquier tipo de violencia física, verbal, emocional o económica, tanto contra la mujer como contra el niño involucrado.

Entre las medidas más relevantes, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento que impide al denunciado aproximarse a menos de 300 metros de la mujer y del niño, ya sea en el domicilio, el lugar de trabajo o la vía pública. Asimismo, se le prohíbe cualquier tipo de contacto, incluyendo comunicaciones telefónicas, mensajes o interacciones a través de redes sociales.

El tribunal remarcó que la prohibición de violencia tiene carácter continuo, lo que implica que el progenitor debe garantizar en todo momento el cuidado y desarrollo del niño sin recurrir a castigos físicos ni malos tratos, los cuales están expresamente prohibidos por la legislación vigente.

Además, se ordenó la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), que deberá elaborar en un plazo de cinco días un informe sobre la situación del menor, evaluando especialmente si corresponde mantener la restricción de contacto con el padre. También se dio intervención a la Defensoría de Menores.

Como parte del abordaje integral del caso, la sentencia dispuso el acompañamiento del Servicio de Atención a la Víctima (SAT) para la mujer, con el objetivo de fortalecer recursos personales, reducir el riesgo y sostener las medidas de protección.

Las medidas estarán vigentes hasta el 15 de junio de 2026. Además, ante cualquier incumplimiento por parte del denunciado podrá derivar en una causa penal por desobediencia judicial, además de otras posibles sanciones.

Finalmente, se indicó que ambas partes deberán contar con asistencia legal para intervenir en el proceso, ya sea mediante la defensa pública o abogados particulares.