Impensado: hay casi 30.000 inscriptos para la audiencia pública por la Ley de Glaciares

La Ley de Glaciares fue retrasada en su tratamiento pendiente en la Cámara de Diputados porque la decisión de un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Los días 25 y 26 de marzo serán las audiencias públicas con participación ciudadana en la cual todos pueden anotarse para dar su punto de vista y, hasta el momento, son más de 27.000.

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La reforma de la Ley de Glaciares alcanzó un hito sin precedentes en la historia parlamentaria reciente. Debido a un aluvión de inscriptos para las audiencias públicas, el Congreso se vio obligado a declarar un cuarto intermedio técnico para reorganizar el cronograma de comisiones. Esta participación récord no solo marca un hecho inédito en la participación ciudadana, sino que amenaza con dilatar los tiempos que el oficialismo preveía para el tratamiento del proyecto en el recinto.

Cómo funciona la audiencia pública
La realización de la audiencia se enmarca en lo dispuesto por el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece la posibilidad de convocar instancias de participación para recibir aportes antes del tratamiento de determinados proyectos legislativos. De acuerdo con lo resuelto por las autoridades parlamentarias, la actividad se organizará conforme al plan de trabajo específico elaborado para el debate de la Ley de Glaciares, su reglamento anexo y los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú; tratado internacional que promueve el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.

Una audiencia pública es un mecanismo formal de participación ciudadana donde autoridades gubernamentales, legislativas o reguladoras permiten a los ciudadanos, empresas y organizaciones expresar opiniones y propuestas antes de tomar decisiones importantes que los afecten. Es un espacio de diálogo transparente, gratuito y no vinculante, diseñado para asegurar la participación activa en el proceso de toma de decisiones.

Miles de especialistas, ciudadanos y organizaciones sociales se postularon para dar su punto de vista en el formato presencial, escrito y video. A pesar del gran número de inscriptos, el oficialismo se negó a sumar una tercera jornada porque creen que la participación “no es genuina” y sospechan de un “sabotaje”. “Es claro que, si agregamos días, esto no termina más. Así que lo vamos a resolver de alguna manera”, insisten.