Denuncia por calumnias e injurias: la abogada defensora pidió perspectiva de género

Este jueves se produjo una audiencia de conciliación por una demanda de calumnias e injurias por parte de músicos de Viedma contra un grupo de mujeres. Las seis denunciadas habrían compartido posteos en contra de dos integrantes de una conocida banda y por ello se cancelaron varios shows en la región, a pesar de que no existió ningún proceso judicial formal. 

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El abogado querellante Damián Torres intentó llegar a una instancia de conciliación, que fue recibida positivamente por el letrado Adrián Zimmermann (representante de cinco de las seis acusadas). Sin embargo, la doctora María Paula Cardella, quien defiende a la ex manager también demandada, pidió un sobreseimiento y no aceptó ningún acuerdo.

Luego, hizo un extenso relato sobre la necesidad de que este caso sea tomado con perspectiva de género. En esa línea, indicó: "Esta parte no está dispuesta a conciliar, porque mi defendida no participó en algunas acciones y las otras no suponen ningún tipo de calumnias. Ella era manager y esto le afectaba, les dijo que ante todo es una mujer feminista y no podía permitirse participar en estos espacios, al menos hasta saber lo contrario. Ella finalmente se fue de la banda, hizo una publicación pacífica donde dice que su ética la guía y luego les avisó a todos los productores diciéndoles que no era más parte de la banda". 

Asimismo, precisó: "Todo lo que dijo fue absolutamente cordial y no calumniante, ella se quedó muy mal por haber hecho crecer a una banda que de repente adquirió otras características que van en contra de sus valores éticos. Se quedó sin mucho para hacer y luego se fue enterando de otras situaciones de denuncias públicas que había tenido la banda, previo a que ella la integre. No pudo hacer nada hasta que hubo una situación que especialmente la convocó, muchas mujeres se enteraron de que la banda iba a tocar en la Expo Sabores que la Municipalidad organiza todos los noviembres y tenía la particularidad de que no se había anunciado".

Acto seguido, señaló: "Varias mujeres se fijaron en las redes del posteo de la Municipalidad y decidieron mandarle un mensaje privado a cada uno de esos funcionarios públicos, un mensaje absolutamente respetuoso que no tiene nada de calumniante y no menciona a ellos ni dice que ellos son abusadores, sino que están acusados de abusos. Aunque no hay una denuncia formal hecha, esa información ya estaba en el ámbito público porque hubo una denuncia informal hecha en el baño del Centro Municipal de Cultura". 

En esa línea, repudió que una funcionaria municipal entregó una captura de pantalla del mensaje que ahora fue usada por la querella y sostuvo que esa acción va en contra del derecho de las mujeres víctimas de violencia de género.

Cardella finalmente expuso tres puntos. En primer término, que no hubo calumnias, sino que se trató de un derecho a la libertad de expresión, en segundo lugar, que esta demanda "es una represalia y una persecución ideológica por haberse ido de la banda" y en tercer orden que "ellos saben dónde vive mi defendida y sin embargo la notificaron en su trabajo y la primera que se enteró de la notificación fue su jefa", por lo que cree que hubo una mala intención. 

La palabra de las acusadas 

En el tramo final, una de las demandadas pidió hacer uso de la palabra y expresó: "Somos seis personas que hoy estamos sentadas en esta audiencia en calidad de denunciadas, no llegamos hasta acá por ejercer la violencia, sino por ejercer la palabra. Las expresiones por las cuales se nos denuncian fueron realizadas en nuestras redes sociales personales, desde cuentas privadas, sin ocupar el espacio público y sin mencionar nombres propios. Fueron manifestaciones situadas en un contexto social concreto, atravesadas por nuestras trayectorias militantes, por el acompañamiento a testimonios de violencias y por una ética política que entiende que callar frente a situaciones graves no es una opción". 

Además, planteó: "Hoy estamos siendo denunciadas y sostenemos que están vulnerando algunos de nuestros derechos fundamentales, la libertad de expresión, el derecho a alertar y a denunciar sobre violencias y el derecho a peticionar ante el Estado sin represalias. Este proceso judicial no sólo nos afecta personalmente, sino que también constituye un mensaje disciplinador hacia quiénes sí se animan a hablar, a acompañar y a denunciar. Va en contra de la perspectiva y las políticas de género y debilita los caminos para que las víctimas puedan expresarse sin miedo". 

"La judicialización del repudio, del acompañamiento y de la palabra no construye la justicia, construye silencio. La justicia no se fortalece persiguiendo a la palabra, no se construye reparación silenciando las voces y no se protege a las víctimas castigando a quienes las acompañamos", cerró. 

El juez Guillermo González Sacco dispuso un cuarto intermedio para que las partes se pongan de acuerdo, mientras que la defensora privada Cardella reclamó una nueva convocatoria donde expondrán pruebas para lograr el sobreseimiento de su clienta.  En el cierre de la jornada, todas las mujeres en el recinto levantaron sus brazos en apoyo a las denunciadas.