Denuncian retrocesos y barreras para el acceso al aborto seguro y gratuito

Hace cinco años, el 30 de diciembre, se celebraba en Argentina una significativa conquista en derechos sexuales y reproductivos: la aprobación de la ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, este aniversario llega teñido de amargas denuncias sobre retrocesos en la implementación de esta legislación clave. Un informe recientemente publicado por Amnistía Internacional Argentina subraya obstáculos crecientes que impiden el acceso al aborto seguro, especialmente desde la llegada al poder de la administración de Javier Milei.

El informe titulado "También es por vos" alerta sobre la suspensión en la compra de medicamentos imprescindibles como misoprostol y mifepristona, ambos esenciales para realizar una interrupción del embarazo segura. Tal aseveración se complementa con la percepción del desmantelamiento de políticas públicas, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), que antes demostraba efectividad en la reducción de embarazos adolescentes.

El retroceso no sólo afecta la disponibilidad de insumos médicos, también limita la distribución de métodos anticonceptivos, lo cual atenta contra el derecho fundamental a la salud sexual y reproductiva. Esto genera un aumento de consultas, denuncias y solicitudes de asesoramiento sobre cómo sortear estas nuevas y viejas dificultades. A partir de un aumento del 275% en las comunicaciones por parte de personas que no encuentran los recursos y el respaldo que necesitan, es evidente que el panorama resulta sombrío.

Las restricciones vienen acompañadas por discursos conservadores que atacan los derechos de mujeres y personas de la comunidad LGBTI+, utilizando la falaz excusa de combatir la llamada "ideología de género". Estos ataques, muchas veces de carácter estructural, se ven reflejados en la falta de acceso a información y asistencia adecuada.

La Campaña por el Aborto Legal y Gratuito respalda estas afirmaciones, destacando la importancia de las redes de apoyo privado que llenan los vacíos dejados por el Estado, asegurando la asistencia y el asesoramiento a quienes no pueden contar con las vías oficiales. A pesar de haberse duplicado los centros de salud que garantizan la IVE y la ILE entre 2021 y 2023, las políticas restrictivas recientes ponen en duda la continuidad de estos avances.