"Ni un paso atrás": el Gobierno apelará la nulidad del protocolo antipiquetes

En un giro judicial significativo, el juez federal Martín Cormick ha declarado nulo el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich y ejecutado por el gobierno de Javier Milei. Esta normativa, criticada por muchos sectores debido a los vicios legales que conllevaba, ha sido el punto de partida de fuertes tensiones políticas y sociales en el país.

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Desde su implementación por la gestión de Milei, el protocolo fue entendido como una herramienta para manejar las protestas sociales que venían sucediendo en Argentina, muchas de ellas, respuestas directas a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno actual. Sin embargo, esta medida enfrentó severos cuestionamientos debido a la manera en que el derecho a la protesta se estaba administrando, lo que ocasionó una serie de conflictos y muestras de descontento en distintas regiones del país.

El fallo hizo lugar al amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas, y cuestionó con dureza la legalidad del protocolo que regula la intervención de las fuerzas federales frente a protestas y cortes de tránsito.

En su decisión, el juez recordó que la Constitución Nacional establece una reserva de ley estricta cuando se trata de reglamentar derechos como la libertad de expresión, de reunión y de protesta. En ese sentido, afirmó que el Poder Ejecutivo “no puede regular derechos dictando actos administrativos”, ya que esa función corresponde exclusivamente al Congreso.

“El hecho de que los derechos no sean absolutos no habilita a que sean reglamentados por cualquier autoridad ni por cualquier vía”, sostuvo el magistrado.

Con el fallo ahora sobre la mesa, la ex ministra y actual senadora Patricia Bullrich fue una de las primeras voces en salir al cruce, utilizando la plataforma X para renovar su defensa del protocolo. Según Bullrich, estas regulaciones cuentan con la aprobación de varios jueces y del público en general, y advierte contra aquellos que se benefician, según sostiene, del desorden social. A su vez, el gobierno de Milei, a través del Ministerio de Seguridad liderado por Alejandra Monteoliva, ha manifestado su intención de apelar la decisión judicial en un esfuerzo por reafirmar su postura en torno al orden social.

Estas disputas judiciales no ocurren en un vacío; diversas organizaciones, comprometiéndose con la defensa de los derechos civiles, impugnaron la normativa de Bullrich bajo la convicción de que se crea una peligrosa precedente que podría sentar bases para moderaciones coercitivas a futuras amenazas a los derechos civiles. El protocolo, criticado por redefinir ilegalmente delitos flagrantes, según el veredicto, desvirtúa el natural derecho a la protesta.

Las implicancias de este fallo retumban no solo a nivel nacional sino también internacional, donde el juicio sostuvo que las expectativas globales demandan que los estados velen por facilitar, y no obstruir, la manifestación social democrática, cubriendo también mecanismos proactivos como desvíos de tráfico ordenados y seguridad asegurada para los manifestantes.

El entrampado fallo ha dejado expreso que emprendimientos normativos como el protocolo 943/2023 no encuentran asidero dentro de los cánones de legalidad requeridos dentro de un estado democrático de derecho. Con esto, se manda una clara advertencia al gobierno actual y futuros administradores de derechos normativos del país, en uno de los debates legales más comentados del presente año.