Un preso denunció tocamientos a las visitas: la Justicia pidió que se investigue

Un preso de Viedma, que se encuentra alojado en el Penal 2 de General Roca, presentó un habeas corpus por el trato a las mujeres que ingresan al sector de visitas.

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En este sentido, aseguró que el personal penitenciario somete a las visitantes a “tocamientos indebidos en sus partes íntimas”, lo que —según su denuncia— les provoca angustia, sufrimiento y una clara vulneración de derechos.

El planteo llegó al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Viedma, ya que el recluso fue condenado en esta capital, y se analizó el caso. Al respecto, se emitió una resolución que, aunque rechaza el habeas corpus, deja varias puertas abiertas para profundizar la investigación.

El interno aseguró que las prácticas denunciadas se repiten, que afectan a mujeres que van a visitar a familiares y que constituyen un trato indigno. Además, pidió que se detengan de inmediato, se sancione a los responsables y se implementen medidas para evitar que vuelvan a ocurrir.

La versión oficial del penal

En el expediente consta un informe del director del Penal II, el comisario Lucas Matamala, quien negó irregularidades y aclaró que las requisas se realizan bajo los parámetros de la Ley Nacional 24.660, el Decreto 1634/04 y el recientemente aplicado Protocolo de Requisa para Personas Privadas de Libertad y Visitantes de Río Negro.

Matamala señaló que el personal recibe capacitación en técnicas de registro y derechos humanos, que las requisas se hacen por personal del mismo sexo, que los procedimientos se llevan adelante en boxes cerrados, sin contacto físico y que solo ante “indicios concretos” se realizan inspecciones más detalladas, y siempre dentro del marco legal.

Incluso, mencionó que en las últimas semanas cambiaron parte del personal de requisa y aumentó el secuestro de elementos prohibidos —principalmente estupefacientes—, lo que derivó en nuevas investigaciones de la Justicia Federal.

La magistrada Shirley González remarcó que el habeas corpus es una vía excepcional que solo procede frente a una afectación actual y directa de la libertad. En este caso, entendió que las denuncias refieren a situaciones que requieren medidas probatorias más amplias, incompatibles con este procedimiento urgente y limitado.

Además, citó textualmente el Protocolo de Requisa vigente, que prohíbe expresamente los registros táctiles o visuales en cavidades íntimas de visitantes o internos, por lo que —al menos en la normativa— la práctica denunciada está descartada.

Pero algo dejó picando. Pese al rechazo, la jueza no dio por cerrado el asunto. Ordenó a la Dirección de Técnicas Penitenciarias, encabezada por el comisario Juan Acuña, que investigue los hechos denunciados “por los medios que correspondan” y que garantice la aplicación irrestricta de los tratados internacionales y normas vigentes.

En otras palabras: el habeas corpus no prosperó, pero la denunci