Oficial muerto en un curso de la policía de Río Negro: qué decidieron en la Legislatura

Por indicación expresa del presidente de la Legislatura provincial, Pedro Pesatti, esta mañana se reunió la comisión de la Sala Acusadora, tras una denuncia por el caso de la muerte de Gabriel Mandagaray, el oficial muerto en un curso del COER en Bahía Creek en 2021.

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La comisario Adriana Fabi, la madre del oficial fallecido en abril de 2021, oportunamente presentó ante el parlamento un escrito para que se investigue y se someta a juicio político a cuatro magistrados del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La denuncia particularmente tuvo despacho ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro y radica en contra de los jueces Cecilia Criado, Sergio Ceci, Ricardo Apcarián y Liliana Piccinini, por una nueva impugnación al segundo Tribunal de Impugnación que trató el caso. En este sentido, se excluyó a Sergio Barotto, debido a que no puso su firma en el último revés contra la familia Mandagaray. 

La comisión está presidida por el legislador Lucas Pica de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y la conforman otros cuatro parlamentarios (Facundo López de JSRN, Silvia Morales de JSRN, Gabriela Picotti del PRO y Ariel Bernatene de la UC). 

En la jornada de hoy, en el cuarto piso del palacio legislativo, Pica expresó: "La Ley 4.340 es la que regula todo el procedimiento de esta comisión y el procedimiento de juicio político, a partir de esta constitución hay que citar de manera fehaciente al denunciante y hay un plazo de 40 días para ratificar la denuncia. Si no se ratifica no tiene objeto seguir adelante, porque no tendríamos un expediente para tratar y si hay ratificación de la denuncia vamos a empezar a tratarla".

"Lo primero que se hace es pedir los expedientes sobre el cual la denuncia ha sido fundada y después tenemos este plazo. La comisión tiene facultades de investigación, de pedir informes y de tomar testimoniales, así que esas son las tareas que tenemos adelante", indicó. 

En relación a una consulta de un parlamentario en la sala, sobre los pasos a seguir durante el proceso, Pica aclaró: "Todas las reuniones son públicas y pueden venir absolutamente todos los rionegrinos y los legisladores en particular, no hay ningún problema. Vamos a informar cuáles son los pasos, no vamos a hacer nada que no sea de cara a la gente". 

En su presentación, Adriana Fabi sostuvo que los magistrados incurrieron en “mal desempeño” y “abuso de autoridad” en el tratamiento de la causa penal vinculada a la muerte de su hijo. Recordó que la investigación y el juicio oral culminaron en condenas durante 2023, confirmadas en revisión, pero señaló que “a partir de la llegada del expediente al Superior Tribunal de Justicia, vino el calvario”, denunciando que el máximo tribunal provincial anuló resoluciones previas y devolvió reiteradamente el expediente. Según afirmó, esas decisiones “han llevado a que la causa de mi hijo ingrese en impunidad”.

Fabi indicó que las pruebas aportadas durante el proceso acreditaron una “muerte en custodia” y remarcó que su hijo asistió a la capacitación por orden institucional y no de manera voluntaria. Sostuvo además que la familia “se siente provocada e insultada” y que, a su criterio, los jueces cuestionados “no están a la altura de las circunstancias”. Solicitó que se garantice “la transparencia y el cumplimiento de la ley” y que, eventualmente, se adopten las medidas disciplinarias previstas por la normativa vigente.