Nuevo aumento del bioetanol y el biodiesel: más presión para los precios de los combustibles

La reciente decisión del gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, de ajustar los precios del bioetanol y el biodiesel ha generado preocupación en diferentes sectores económicos y sociales. Estos incrementos comenzaron a regir a partir del 10 de noviembre de 2025, con las Resoluciones 443/2025 y 445/2025, desarrolladas por la Secretaría de Energía bajo la dirección de María Carmen Tettamanti.

Lee también: Anunciaron un aumento "histórico" para los trabajadores del Hospital Garrahan

En el marco de la nueva normativa, se estipuló que el precio mínimo de adquisición del bioetanol de caña de azúcar se estableció en $918,025 por litro, mientras que el obtenido a partir de maíz tiene un valor de $841,394 por litro. Estos biocombustibles son componentes esenciales en las mezclas con naftas, lo que directamente repercute en el costo del combustible que pagan los consumidores.

En una movida similar, pero con diferentes cifras, el precio para la adquisición del biodiesel alcanzó los $1.688.961 por tonelada. Este producto, clave en el gasoil utilizado habitualmente, enfrenta un aumento cuyo impacto económico es evidente tanto en los costes directos sobre los precios en surtidor como en la logística de diversas actividades productivas.

Consciente del efecto económico que esto puede originar, el gobierno decidió disminuir transitoriamente el índice de mezcla obligatoria de biodiesel al 7% en el gasoil y diésel oil. Esta resolución se adoptó con la intención de suavizar el impacto en los precios al consumidor y reducir el afecto en el costo logístico, procurando mantener una estabilidad económica frente a los crecientes desafíos energéticos que se presentan actualmente.

A medida que se implementan estos cambios, se observa una directriz gubernamental que busca un delicado balance entre el incentivo a las energías renovables y la estabilidad económica. Estos ajustes abren el debate sobre el futuro que depara al sector y al poder adquisitivo de los usuarios finales, reflejando la importancia de implementar estrategias que sostengan el empleo de recursos renovables sin sacrificar la infraestructura económica del país.