La mamá de Mandagaray apuntó contra el Superior Tribunal de Justicia por la muerte de su hijo: qué dijo

La historia de Gabriel Mandagaray vuelve a tomar estado público. Su madre, Adriana Fabi, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ), a quienes acusó de “mal desempeño” y “abuso de autoridad” por las reiteradas impugnaciones en la causa por la muerte de su hijo, ocurrida el 15 de abril de 2021 durante una capacitación del COER en Bahía Creek.

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“Mi hijo no perdió la vida, a mi hijo lo mataron”, escribió Fabi en el documento. Con esa frase contundente inició una presentación cargada de dolor, en la que repasó los años de lucha judicial, las demoras y los fallos que, según ella, “han llevado la causa a un camino de impunidad”.

Mandagaray tenía 25 años y era Oficial Ayudante de la Policía de Río Negro. Falleció tras sufrir una hemorragia subaracnoidea durante una práctica en el mar, golpeado contra un tronco en medio de un entrenamiento extremo. El joven había sido convocado por orden escrita a realizar el curso básico del COER, y según su madre, no se trató de una actividad voluntaria.

“Fue convocado por orden directa. Él no se inscribió. Cumplía con su servicio y obedecía una orden institucional”, subrayó Fabi.

Además, describió en su presentación la carrera y los logros de su hijo dentro de la fuerza: cursos, ascensos, distinciones en tiro y una vocación por la seguridad pública que lo había llevado incluso a estudiar Abogacía en la Universidad Nacional del Comahue.

El dolor, sin embargo, se mezcló con indignación. La mujer aseguró que, pese a las pruebas presentadas, el STJ “ha actuado con hostilidad”, priorizando “las garantías de los homicidas por sobre los derechos de la víctima”.

“Hace dos años y medio que el Superior Tribunal da vueltas con el expediente. Ya hubo condenas confirmadas dos veces y, aun así, los jueces las anularon. Nos sentimos insultados y provocados”, manifestó.

En su escrito, Fabi también reconstruyó el contexto en que murió Mandagaray: jornadas extenuantes, caminatas de más de 40 kilómetros, prácticas en el mar sin descanso ni agua, y burlas por ser “hijo de jefes de renombre”. Según relató, el joven pidió no ingresar al agua porque no sabía nadar, pero fue obligado con frases humillantes como: “la mierda flota”.

El caso fue caratulado como “homicidio culposo” y, tras una investigación y juicio, los responsables obtuvieron condena en abril de 2023, ratificada en noviembre de ese año. Sin embargo, con la llegada del expediente al Superior Tribunal, la situación se estancó.

“Aceptamos la primera impugnación, porque puede pasar que algo se haya revisado mal. Pero lo volvieron a hacer y otra vez anularon todo. Es evidente que quieren evitar que los responsables vayan presos, pero sin pagar el costo ellos”, denunció Fabi.

En la última audiencia, realizada el 2 de septiembre de 2025, la familia volvió a pedir justicia. Allí, Sofía Villalba, la madre del hijo de Gabriel —que hoy tiene cinco años—, relató la difícil situación económica y emocional que atraviesan desde la muerte del oficial.

“Cuando Gabriel se fue al curso, dejó todo listo para un mes. Pagó las cuentas, llenó la alacena y prometió volver. Solo volvió en un féretro”, lamentó su madre.

“Yo no sé nada de derecho. Pero soy policía. Y conozco de instituciones. Me pregunto, ¿Por qué no resolvieron ellos? ¿Porque no tomaron una definición? No tengo dudas que esto de volver para atrás es intentar evitar que las condenas se den y los responsables no vayan presos, pero sin pagar el costo ellos”, remarcó.

¿Qué piden al máximo tribunal?

Las condenas por la muerte de Gabriel Mandagaray fueron confirmadas por el Tribunal de Impugnación en marzo de 2025, ratificando las penas de prisión efectiva para cuatro policías del COER. Las condenas son: Alejandro Gatoni a 4 años y 10 meses; Alfredo Nahuelcheo a 4 años y 6 meses; Maximiliano Vitali Méndez a 4 años y 3 meses; y Marcelo Contreras a 3 años de prisión de ejecución condicional. Todos fueron condenados por homicidio culposo y abuso de autoridad, y también se consideró una modalidad abusiva de formación profesional. Sin embargo, a la fecha, las condenas no están firmes y el Superior mandó a revisarlas.

La familia Mandagaray presentó un recurso extraordinario, que se plantea como un llamado al máximo tribunal del país para que examine si el marco procesal, la motivación de la sentencia y la revisión intermedia cumplieron con los estándares constitucionales. Torres explicó que, si la Corte no abre la vía, recurrirán a una “queja” para insistir en su derecho.

Además, la defensa reclama que se revoque la decisión del STJ y se restaure el fallo original del Tribunal de Juicio de Viedma o, en su defecto, se ordene una nueva revisión con tribunal diferente.

El Superior Tribunal apuntó que el refrendo de condenas exige una motivación robusta, análisis pormenorizado de autorías y una segunda instancia que no se limite a formalidades.