El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles

A través de la oficialización de la Resolución 37/2025, el Gobierno ha levantado la restricción previa que prohibía a los civiles poseer fusiles semiautomáticos. Ahora, se establece un riguroso sistema de permisos supervisado por el Registro Nacional de Armas (RENAR). Este cambio normativo marca un hito significativo en el manejo y fiscalización de las armas de fuego destinadas a civiles, con el foco puesto en asegurar el control de su tenencia y registro.

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El nuevo régimen aborda múltiples facetas del proceso de compra y tenencia de este tipo de armamento, y está orientado tanto a individuos como a entidades dedicadas al tiro. Los interesados en obtener estas armas deben cumplir una serie exhaustiva de requisitos. Un elemento indispensable es que el solicitante posea una identificación clara del arma, lo que incluye la acreditación del tipo, marca, calibre y número de serie.

Es igualmente crucial que los individuos cuenten con un sistema seguro de almacenamiento aprobado, conocido como Sector de Guarda tipo G2. Además, se deberá presentar una declaración jurada que justifique la necesidad del arma y se tendrá que abonar las tasas correspondientes, asemejándose a los pagos por otros permisos expresos de tenencia. Asimismo, el acceso a estos permisos no es indiscriminado; el RENAR exige que los solicitantes sean usuarios con al menos cinco años de antigüedad de licencia de armas de uso civil condicional y que carezcan de antecedentes sancionatorios ni trámites pendientes ante el RENAR.

Este detalle garantiza que las armas solo lleguen a personas que hayan pasado un riguroso control por parte de las autoridades. Un aspecto particular es que también se requiere de pruebas que demuestren usos deportivos legítimos de estas armas, como certificaciones de participación en competiciones u homologaciones de clubes de tiro. Con este marco legal, se intenta hallar un equilibrio entre el interés deportivo y la seguridad pública, una combinación que desvela los compromisos que el Gobierno adopta en materia de política armamentística. El impacto de estas nuevas políticas aún está por observarse, pero no cabe duda de que redefinen cómo las armas semiautomáticas de calibre superior pueden integrarse y regularse en el ámbito civil.