El Gobierno confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ratificó su intención de promulgar la Ley de Discapacidad, una decisión que emerge en un marco de tensiones políticas y debates en torno a la asignación de recursos. La confirmación la dio Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien dejó claro que, si bien se respetará la voluntad del Congreso de dar marcha atrás al veto presidencial, persisten las inquietudes sobre el origen de los fondos para implementar las nuevas medidas.

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El anuncio no estuvo libre de cuestionamientos. Francos, un firme defensor del equilibrio fiscal, criticó la falta de claridad del Congreso para definir la fuente de financiamiento destinada a las nuevas pensiones derivadas de la ley. "No podemos comprometer las finanzas públicas irresponsablemente", manifestó en declaraciones a Clarín, enfatizando la necesidad de una revisión exhaustiva y coordinada con las comisiones legislativas pertinentes.

La situación se complica aún más con el escenario judicial abierto en la provincia de Catamarca, donde el Juzgado Federal dictaminó a favor de restituir las pensiones suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La sentencia del juez Guillermo Díaz Martínez argumenta que el procedimiento empleado para las suspensiones fue defectuoso, lo que afecta especialmente a un sector altamente vulnerable de la población.

Mientras se espera la reglamentación detallada por parte del Ejecutivo, el debate sobre el Decreto 843/2024 sigue latente. Este, que estableció requisitos más restrictivos para la obtención de pensiones, ha sido señalado como inconstitucional por diversas asociaciones y autoridades de Catamarca. Alegan que contraviene principios internacionales sobre el tratamiento a personas con discapacidades y complicando el acceso a las ayudas necesarias.

El ambiente político se mantiene tenso, en parte por las acusaciones de corrupción que rodean a varios actores involucrados en la administración de los recursos destinados a la discapacidad. El resultado de las auditorías emprendidas supuestamente para reducir irregularidades, hasta ahora, solo han fomentado un clima de desconfianza e incertidumbre.