Crimen en el barrio Mi Bandera: por qué la Fiscalía pidió que el juicio no sea con jurados

La Fiscalía y la querella que llevan adelante la investigación por el homicidio del adolescente Yamir "Coco" Nahuelcheo, perpetrado en el barrio Mi Bandera de Viedma el 9 de mayo de 2024, requirieron que se fije la audiencia de control de acusación.

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En esta instancia, en función de la pretensión de pena pretendida para el hombre acusado de perpetrar el hecho, pedirán que el juicio se derarrolle ante un tribunal integrado por tres jueces técnicos.

Según la acusación, el hombre imputado, Isaias Barrera, disparó con un revólver calibre 32 al menor, provocándole la muerte por hemorragia interna. En ese mismo contexto, amenazó con el arma a otro joven y se determinó que no tenía habilitación legal para tener en su poder el arma de fuego.

La calificación legal abarca los delitos de homicidio y amenazas, ambos agravados por el uso de arma de fuego y la tenencia ilegal de dicha arma.

El Ministerio Público acompañó el requerimiento indicando cuál será la prueba que producirá en el juicio incluyendo la declaración de la madre de la víctima, numerosos vecinos, efectivos policiales y peritos de criminalística y medicina forense.

También se ofreció como evidencia la reconstrucción judicial del hecho y las pericias balísticas sobre el arma utilizada que será introducida por profesionales del Ministerio Público.

La madre de la víctima, constituida como querellante, a través de su abogado adhirió al pedido.

En su pretensión punitiva provisoria, la Fiscalía anticipó que solicitará una pena que no superará los doce años de prisión efectiva. 

Escape del jurado

La defensa de Isaías Barrera, el obrero de la construcción que mató al adolescente Nahuelcheo, emitió un comunicado de repudio hacia la Fiscalía.

El abogado Damián Torres expuso que "han recurrido a una maniobra procesal conocida como escape del jurado". 

De acuerdo con la imputación realizada —homicidio con arma, amenazas y tenencia de arma—, correspondía solicitar una pena mínima de 12 años de prisión, lo que hubiera llevado el caso a ser juzgado por un jurado popular. Sin embargo, el letrado dijo que "se buscó evitar que el pueblo de Viedma decidiera el destino de Barrera".

Torres manifestó que "estamos convencidos de que un juicio por jurados habría culminado con la absolución de nuestro defendido, ampliamente reconocido como un trabajador, frente al prontuario delictivo de la víctima y de los principales testigos ofrecidos por la Fiscalía". 

"La decisión de apartar al jurado y colocar el caso en manos de jueces técnicos implica burlar la voluntad del pueblo y, en los hechos, legitimar a delincuentes por encima de los vecinos que padecen sus acciones", agregó. 

La defensa de Barrera amplió que "no puede soslayarse que la víctima, conocida como Coco Nahuelcheo, tenía antecedentes gravísimos: a los 15 años fue imputado por el homicidio de un joven empresario en Choele Choele, a quien atacó dentro de su domicilio mientras dormía, provocándole la muerte con múltiples puñaladas". 

"Este caso marcará un hito en Viedma: o bien quedará en evidencia una Fiscalía que protege a los delincuentes, habilitándoles un camino de impunidad, o bien se consolidará un pronunciamiento favorable a un vecino trabajador que se defendió de ellos", cerró Torres.