Defensa del consumidor: ganó un juicio por estafa, la empresa se salvó pero cayó la vendedora

La Unidad Jurisdiccional Civil Nº 1 de Viedma, a cargo de Julieta Noel Díaz, falló en favor de una vecina en un caso de incumplimiento contractual contra una vendedora de sommier, pero eximió a una empresa de compras Online, especialista en muebles de dormitorio.

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Antecedentes del caso indican que la denunciante inició la acción legal el 9 de junio de 2021, argumentando que el 5 de septiembre de 2020 se comunicó vía electrónica con la vendedora, a los fines de adquirir un sommier, y luego se comunicó telefónicamente otra mujer, quien refirió ser empleada de la empresa distribuidora. Argumentó que, en dicha oportunidad, la mencionada le ofrece el detalle de los modelos en venta y las ofertas.

Asimismo, manifestó que entendió que se encontraba contratando una empresa distribuidora. Señaló además que luego su hija "consultó en Internet” si la vendedora se encontraba registrada y en virtud de que halló su constancia de inscripción ante AFIP consideró que era confiable, por lo que realizó el pedido para la compra del sommier elegido, la que efectuó mediante transferencia bancaria a favor de quien dijo ser empleada y que luego de que remitiera el comprobante por medio de mensajería “Whatsapp” le enviaron un remito.

Tras realizar una transferencia bancaria, la denunciante nunca recibió el producto y, al investigar, descubrió que varias personas habían denunciado estafas similares en redes sociales. Este hallazgo la llevó a presentar una denuncia ante de Defensa del Consumidor de Río Negro.

Ante la acusación, la defensa de la distribuidora se basó en la falta de vinculación con la “vendedora” y la “empleada” de ésta, alegando que no comercializan ni fabrican el producto en cuestión y que la actora no figura como cliente registrado.

Al momento de resolver, la jueza decidió rechazar la demanda interpuesta contra  la empresa, pero condenó a la “vendedora” a pagar a la denunciante, en un plazo de 10 días, un total de 3.277.587,37 pesos. Este monto incluye 277.587,37 pesos por reintegro del precio abonado, 2.000.000 de pesos por daños punitivos y 1.000.000 de pesos por daño emergente, devengando intereses desde la fecha de la resolución hasta su efectivo pago.

La sentencia subraya la responsabilidad que tienen las empresas en la cadena de comercialización, a la vez que destaca la importancia de la protección al consumidor frente a casos de fraude en la venta de productos.