Masiva convocatoria en Congreso para reclamar la sanción de la Emergencia en Discapacidad

Una nutrida manifestación tuvo lugar este jueves en el corazón político de Buenos Aires, cuando familiares de personas con discapacidades, junto a profesionales de la salud y educación, alzaron sus voces en demanda de la rápida aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta ley, que espera ser discutida en el Senado durante la jornada, ha generado controversia y una fuerte movilización social.

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Convocados por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los manifestantes buscaron visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema de asistencia a las personas discapacitadas en el país. Denunciaron un colapso casi inevitable si el gobierno no toma medidas urgentes para incrementar los fondos y asegurar los recursos necesarios para la adecuada atención y protección de los derechos de este sector.

Este clamor social, que se replica en diversos puntos del país, lleva meses gestándose debido al deterioro a nivel estructural que muchos consideran insostenible. Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa, destacó la gravedad del panorama al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado. Subrayó que no se trata de buscar concesiones especiales por encima de la ley, sino de restablecer compromisos legales fundamentales que el Estado no está cumpliendo.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados, está diseñada para mitigar el impacto de la crisis hasta 2027. Propone, entre sus principales puntos, la regularización de pagos y ajustes de aranceles, así como una reforma a las pensiones no contributivas, aspectos cruciales para aliviar la carga económica sobre las familias.

Este paquete legislativo también contempla el fortalecimiento institucional a través de la mejora en la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualización y auditoría de datos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas desde el Ejecutivo. Los compensaciones económicas y la actualización del Certificado Único de Discapacidad son vistos como medidas necesarias para salvaguardar los derechos básicos de esta población vulnerable en tiempos de emergencia.