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18/06/2025

La Nación disolvió programas claves para la producción regional

A través de un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei cayó la promoción ovina.
Desde Nación sigue el recorte en áreas sensibles para la producción. Ahora apareció el Decreto 408 contra las ovejas.
Desde Nación sigue el recorte en áreas sensibles para la producción. Ahora apareció el Decreto 408 contra las ovejas.

Desde el gobierno nacional se anunció la prosecusión de recortes y ajustes a través del decreto Nº 408. En este caso, se publicó en el Boletín Oficial de la Argentina la disolución de leyes preponderantes vinculadas a la agricultura y ganadería.

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Por un lado, se estableció disolver el régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias. La misma suerte corrió la Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), creada por el artículo 9° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.

La motosierra también paso por varios planes asistenciales como el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 26.141, y el fin de la Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, creada por el artículo 9° de la Ley N° 26.141.

Otra ley sensible para la región, y que ya no forma parte, es la N° 27.066, que promovía la Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas.

“Las derogaciones dispuestas en el presente decreto no eximen al Estado Nacional ni a ningún otro sujeto obligado del cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas durante la vigencia de los regímenes o programas que por este acto se deroga”, reza el comunicado firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Y sigue: “Las políticas del Gobierno Nacional se orientan a reducir la intervención estatal y a maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, se vuelve imperioso revisar aquellas funciones que pudieran resultar redundantes o superpuestas, con el fin de asegurar una asignación más racional, eficiente y focalizada de los recursos públicos”.

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