Masacre de Patagones: la Justicia confirmó un fallo contra el Estado tras 20 años de espera

Tras más de 20 años de la masacre de Carmen de Patagones, la justicia confirmó la condena civil contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCE) y la Prefectura Naval Argentina, determinando su responsabilidad en uno de los episodios más trágicos de la historia escolar argentina.

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El fallo, emitido por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, ratificó que ambas entidades deberán indemnizar a una de las víctimas, un estudiante que, con apenas 15 años, recibió un disparo en el pecho cuando un compañero ingresó armado al aula y abrió fuego.

El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2004 en la Escuela de Educación Media N.º 202 "Islas Malvinas" de Carmen de Patagones. Aquella mañana, tras el izamiento de la bandera, un alumno conocido como "Juniors" sacó una pistola calibre 9 mm, propiedad de su padre, efectivo de Prefectura Naval, y disparó contra sus compañeros. Como consecuencia, tres estudiantes murieron y cinco resultaron heridos.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la víctima que impulsó esta demanda. La bala quedó a escasos centímetros de una arteria vital, salió por su axila y brazo, dejándolo gravemente herido. Según consta en el expediente, su padre lo encontró en la escuela bañado en sangre y lo llevó de urgencia al hospital.

Años después, la víctima inició una demanda civil contra la DGCE y el Estado Nacional, argumentando que ambas instituciones fallaron en su deber de garantizar la seguridad en el colegio y en la custodia del arma utilizada en la masacre.

La justicia determinó que la Prefectura Naval incumplió su deber de resguardo del armamento oficial, permitiendo que un menor accediera a una pistola letal. A su vez, la DGCE fue considerada responsable por no haber tomado las medidas necesarias para prevenir la tragedia dentro del establecimiento educativo.

El fallo estableció que la indemnización total asciende a más de 25 millones de pesos, incluyendo daño moral, daño psicológico e incapacidad sobreviniente. Sin embargo, la sentencia aceptó parcialmente el recurso de Prefectura, determinando que la indemnización a los padres de la víctima no se pagaría de manera concurrente.

Este fallo no solo representa un paso hacia la justicia para las víctimas y sus familias, sino que también sienta un precedente sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los estudiantes dentro de los colegios. Dos décadas después, la herida sigue abierta, pero la justicia empieza a cerrar un capítulo.